Ecologistas en Acción Córdoba ha pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la paralización de la información pública del proyecto informativo del desdoble de la N-432 y exige que se cumpla la Ley de Transparencia en el trámite de información pública del estudio informativo de la Autovía A-81 Badajoz-Córdoba-Granada, en concreto en el tramo Badajoz-Espiel.

En este sentido y en una nota, la asociación ambientalista ha señalado que lleva desde el 4 de enero "intentando consultar el documento en papel en la Delegación del Ministerio, sita en avenida de Mozárabes, número 1, de Córdoba", todo ello "dado el conjunto ingente de documentación y la mala visibilidad de los cientos de planos en el ordenador prefieren consultar la documentación en soporte físico tal como anuncia el BOE de 3 de enero".

En este contexto, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno "defiende los derechos del grupo ambientalista y se está incumpliendo", según los ecologistas, pues "el acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio".

Hasta ahora, la asociación "solo ha podido contactar por teléfono con el jefe de demarcación", funcionario que informa a la asociación de que "no está disponible físicamente el documento debido al gasto monetario para el Ministerio que supondría tener una copia en papel en Mozárabes", motivo por el que el experto de Ecologistas en Acción queda "francamente sorprendido, pues un proyecto que cuesta 1.200 millones de euros, como se refleja en prensa, no pueda permitirse este mínimo gasto" e insiste en que prefiere consultar en papel "pues los mapas se ven mejor".

Ante la insistencia del experto en la obligación normativa de tenerlo en papel en Mozárabes, el jefe de demarcación "le ofrece la posibilidad de que, en plan favor", se acerque a Mozárabes y le impriman "alguna hoja que le resulte interesante". Así, "ha pasado más de un mes desde que el experto se presentó en Mozárabes y, habiendo informado de su teléfono en dicha sede, nadie de la Oficina de Carreteras se ha puesto en contacto con el socio de Ecologistas".

En segundo lugar, Ecologistas en Acción ha destacado que el proceso de participación pública es "muy deficiente" y se pregunta cómo para un proyecto que "supone un desembolso de dinero público de 1.200 millones de euros no se ha organizado ninguna reunión informativa por parte del Ministerio de Fomento donde se explique a la sociedad civil y a los grupos ambientalistas un proyecto tan complejo y que afecta tanto al territorio y a las emisiones de efecto invernadero".

"Los canales y metodologías de participación desarrollados no están en consonancia con las exigencias actuales", han afirmado, a la vez que han subrayado que "deben de revisarse y plantearse canales reales, universales y abiertos de participación". "En el año 2022 no se debería aprobar ningún estudio de la envergadura de éste sin una articulación real con agentes y sociedad, ya no sólo porque desde Europa se nos obligue a ello, sino porque es la única manera de realizar planificación real y de calidad", han afirmado desde Ecologistas en Acción.

En el documento "no existen canales suficientes de incorporación para la participación ciudadana" y es un documento "críptico escrito por ingenieros de caminos para que lo entiendan ingenieros". Además, "tampoco el Ministerio ha pedido la realización de informes a expertos independientes donde se valore la rentabilidad ambiental, social y económica de esta costosísima infraestructura".

Igualmente, Ecologistas critica, en tercer lugar, que la documentación consultable en la web del Ministerio "tampoco está disponible el informe técnico en relación con la A81 emitido por la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Córdoba y que podría ser de gran ayuda para determinar el impacto ambiental de la infraestructura nueva".

En base a todo lo anterior, la asociación ecologista ha solicitado al Ministerio por escrito "que se paralice el proceso de información pública al no haberse cumplido la normativa, faltar documentación ambiental y al no haber implicado a la población civil y a los expertos en un proceso de gobernanza serio, de calidad y contemporáneo".