En La Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba ha comenzado este miércoles el juicio al exalcalde socialista de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Algallarín (Adamuz) Juan Molina Sánchez entre 1999 y 2011 y su tesorero F.A.P., que estuvo en el cargo entre 2007 y 2011, por la supuesta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los que se enfrentan a sendas penas de cinco años y medio de cárcel y nueve años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público.
El exalcalde se ha defendido de la acusación de ambos delitos y ha declarado que siempre hubo control de la contabilidad y del gasto y que "había una habitación llena con archivadores de contabilidad con más de 2.500 expedientes" cuando el dejó la responsabilidad como alcalde en junio del 2011.
Los cargos que le imputa la Fiscalía están relacionados con el uso fraudulento de una tarjeta de crédito a nombre del alcalde con cargo al Ayuntamiento, al pago de «voluntarios» sin quedar acreditado que ejercieran labores reales o el cargo a las arcas municipales de conciertos y actos del PSOE, entre otros muchos pagos sin control ni justificación. Además, de un delito de malversación por realizar transferencias bancarias a cuentas particulares en los primeros días de junio de 2011 tras perder las elecciones. Precisamente, ha sido en relación a esta última acusación en la que el exalcalde ha reconocido que faltaba una firma para autorizar los pagos y que "siempre había habido las tres firmas. Fue la única vez" y correspondían al pago de la nómina de mayo, los once días de junio más atrasos, ha afirmado Molina Sánchez.
En relación al uso fraudulento de una tarjeta de crédito a nombre del alcalde con cargo al Ayuntamiento, el exalcalde ha afirmado que "en un pueblo de 600 habitantes falta de todo" y si tenía que ir a hacer alguna compra a un supermercado para una comida de mayores pagaba con la tarjeta, pero que "la misma tarjeta tenía el justificante de todo" lo que se gastaba con ella.
Respecto a los voluntarios, ha sostenido que "no les pagaba, sino que les gratificaba" por su trabajo ya que gastaban ropa, zapatos y tenían que comer algún bocadillo y que tenía "una partida presupuestaria en el 2008 y 2009 para voluntariado".
La Fiscalía también le ha preguntado cómo el exalcalde supuestamente percibió mediante ingreso en la cuenta del Consistorio 1.071.419,40 euros de la venta de una finca en Camino del Soto, siendo el importe real 1.080.000 euros, de acuerdo con el expediente de enajenación, sin que conste apunte contable o ingreso en cuenta bancaria de titularidad pública que justifique el destino dado a los 8.580,60 euros que suponen de diferencia. A lo que el exalcalde ha explicado que esos más de 8.000 euros fueron a una cuenta de Cajasur, que se destinan "a un mínimo de inversiones que tengo que hacer". "Luego con el millón ya tenía liquidez, a partir de mayo de 2007 con el millón para invertir en un cine, un hogar del pensionista y una caseta de feria".
También ha explicado que el cargo a las arcas municipales del concierto en un acto del PSOE fue por "honradez", porque si "hubiera sido para el partido que lo pague el partido, pero al anular la inauguración del edificio", ya solo quedaba el concierto del 25 de mayo de 2007, "que lo pague el Ayuntamiento".
Por su parte, el que fuera tesorero de Algallarín desde 2007 a 2011, Francisco Aguilar, ha afirmado que había control del gasto y que eran otras personas, responsables de contabilidad, las que le preparaban la documentación. Respecto a posibles "irregularidades" que hubiera podido cometer el extesorero, Juan Molina Sánchez ha negado esa posibilidad.
