El alcalde de Posadas, Emilio Martínez, se muestra «preocupado» ante la inminente celebración de la vista del juicio de Torilejos, que juzgará unos hechos sucedidos en septiembre del 2007, tras una concentración que «tenía como único objetivo defender el carácter público de un camino cuyo paso fue cortado por la colocación de una cancela por parte de la propiedad de una finca colindante».

Así lo comunica el primer edil en una nota de prensa en la que lamenta «que el municipio tenga que revivir casi quince años después aquel episodio, acontecido en una de las numerosas concentraciones pacíficas y periódicas que se hacían con carácter reivindicativo y a las que también acudían concejales de la Corporación, en defensa de lo que es de todos y todas». En su opinión, «hay que hacer autocrítica y estoy convencido que aquello debería haber sido resuelto utilizando las potestades públicas otorgadas por las Leyes, sin embargo y como consecuencia de una cuestionable gestión de las diferentes administraciones públicas, -que motivaron incluso, determinadas reprobaciones por parte del Pleno de la Corporación-, la situación derivó en un conflicto social y judicial, con múltiples incidencias, y que vuelve a enturbiar ahora la actual paz ciudadana existente en Posadas».

Y asegura que desde el 2015 «hemos desarrollado una labor de investigación, tratando de subsanar los errores administrativos cometidos» mediante el encargo de los correspondientes informes periciales que "han refrendado la titularidad pública del camino y, en consecuencia, la ilegalidad de la cancela colocada, como así ha sido declarado posteriormente por los Tribunales de Justicia". 

El Ayuntamiento se ha personado en el procedimiento, a través de su letrado-asesor.