El Ministerio Fiscal ha solicitado penas que suman 40 años de prisión y multas que ascienden a 67.500 euros para 15 acusados de participar en una concentración para la defensa del carácter público del camino Los Torilejos, ubicado en una finca de la localidad cordobesa de Posadas, en la que resultaron lesionados 10 agentes de la Guardia Civil.
En su escrito de conclusiones provisionales, apunta que los procesados se encontraban entre un grupo de vecinos y colectivos que en la tarde del 14 de septiembre del año 2007 acudieron a las inmediaciones de la finca para realizar el acto referido como en ocasiones anteriores.
Una vez en el lugar, encontraron un cordón de seguridad de la Guardia Civil que evitaba su acceso a la finca y, supuestamente, comenzaron a increpar a los agentes diciendo que "la fuerza estaba comprada por el propietario de la finca y que ellos pasarían de todos modos, toda vez que el camino era público".
El mismo escrito señala que "tras forzar el cordón de seguridad sin éxito, llegaron a propinar a los agentes múltiples empujones y golpes con los paraguas y bastones que portaban, rompiendo con unos alicates la valla de una finca colindante y penetrando en el interior del camino".
Cuando se encontraban en la loma, "lejos de obedecer las órdenes de los agentes", comenzaron a lanzar hacia estos piedras y ladrillos de grandes dimensiones "que no solo encontraron en el camino, sino que también llevaron consigo al lugar con tal fin (...) con la seguridad de alcanzarles, dado que lo hicieron a escasa distancia".
En la misma línea, el Ministerio Público sostiene que los acusados, presuntamente, lanzaron piedras a los vehículos oficiales desplazados al lugar. Tres de ellos sufrieron daños, por los que la Abogacía del Estado reclama, que han sido tasados en 1.133 euros, casi 984 euros y 685 euros. Además, uno de los acusados golpeó a un agente y le arrebató el radioteléfono policial oficial, tasado en 510 euros. Este aparato no ha sido recuperado por la autoridad después de estos hechos.
"Dada la exaltación del ánimo de los concentrados", los agentes se replegaron a la parte trasera de los vehículos oficiales y utilizaron el material antidisturbios para repeler el lanzamiento de piedras.
40 años de cárcel y multa
El Fiscal califica los hechos como un delito de desórdenes públicos, otro de atentado a agentes de la autoridad utilizando armas u otros instrumentos peligrosos, tres delitos de lesiones, siete faltas de lesiones y un delito de daños, afirmando que los acusados son coautores, mientras que señala que solo uno de los imputados es responsable de un delito de hurto.
También indica que en los procesados concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de la responsabilidad criminal de dilaciones indebidas, por lo que reclama que se impongan, a cada uno de los acusados, cinco meses de prisión por el delito de desórdenes públicos; un año de cárcel por atentar contra los agentes; dos meses de prisión por cada delito de lesiones; otros nueve meses y multas de 4.500 euros por los daños, y cinco meses de prisión para el acusado de hurto. El juicio será celebrado por el juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba a partir del próximo 3 de febrero.
