Hago mías las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando afirmaba hace unos años que «nuestras zonas rurales son el tejido de nuestra sociedad y el latido de nuestra economía» y que la diversidad del paisaje, la cultura y el patrimonio son una de las características más importantes de Europa. Un valor que conozco en primera persona, como agricultor, empresario y europeísta.  

Actualmente, las zonas rurales en la UE son el hogar de 137 millones de personas —casi el 30% de los europeos— y cubren más del 80% de su territorio, teniendo en cuenta todos los municipios y comunas de Europa con una baja densidad de población. Solo en España hay más de 6.800 municipios con menos de cinco mil habitantes que, además, continúan mermando a un ritmo acelerado. En el caso de la provincia de Córdoba, concretamente, 69 de sus 77 municipios han visto descender de manera significativa su número de vecinos desde hace más de un lustro.

Una realidad que desde el Comité Económico y Social Europeo (CESE) queremos contribuir a cambiar y por eso la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (Sección NAT) —de la que soy vicepresidente— ha impulsado un dictamen para pedir a los responsables políticos que apliquen una estrategia global y holística que favorezca un desarrollo rural y urbano equilibrado, cohesionado y sostenible, aprovechando el papel de las comunidades locales, impulsando las industrias tradicionales y creando nuevas actividades económicas y oportunidades de empleo. Este dictamen, debatido y aprobado recientemente en el pleno del CESE de octubre en presencia del comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha contado con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la UCO y de su directora, Rosa Mª Gallardo, en la formulación de recomendaciones para reforzar la igualdad de condiciones entre las comunidades rurales y el medio urbano y fomentar sinergias entre ambas.

Y es que los desafíos que afrontan las zonas rurales (cambio demográfico, brecha digital, bajos niveles de ingresos, acceso limitado a ciertos servicios, necesidad de mejores perspectivas de empleo o impacto del cambio climático) solo pueden abordarse desde una perspectiva territorial integral y renovada que avance en busca de una relación recíproca de desarrollo. 

El medio rural puede ser especialmente vulnerable, tanto al cambio climático como a las pandemias. Por eso, debemos garantizar que ninguna zona se quede atrás en el camino hacia una Unión Europea climáticamente neutra, sostenible y próspera. Como quedó demostrado durante la crisis del covid-19, las zonas rurales de la UE desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar estabilidad económica, mediante servicios tan cruciales como lo es la producción de alimentos. 

Las zonas rurales son así una pieza clave en la llamada transición verde de la UE. A través de la agricultura y ganadería sostenibles, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, desempeñan una función esencial para lograr el Pacto Verde y la estrategia De la Granja a la Mesa, así como en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU.

De allí que el dictamen ahonde en la necesidad de un modelo socioeconómico que apueste por nuevas actividades basadas en la economía circular y en los pilares de la Estrategia de Bioeconomía: garantizar la seguridad alimentaria, gestionar los recursos naturales de manera sostenible, reducir la dependencia de los recursos no renovables, mitigar y adaptarse al cambio climático y mantener la competitividad de la UE.

Además, el CESE aboga por dotar de recursos suficientes a las políticas rurales, para que los estados miembros puedan proporcionar infraestructuras de comunicación y de transporte —especialmente transporte público, tan necesario para la vida cotidiana y el empleo— junto a sistemas eficientes y de calidad en materia de enseñanza y servicios de salud. 

Especialmente el despliegue de nuevas tecnologías en las zonas rurales —como las redes 5G— resultará indispensable para hacer realidad la década digital de Europa. Avanzar en esta senda puede ofrecer nuevas oportunidades más allá de la agricultura, la ganadería y la silvicultura y puede contribuir al crecimiento y la distribución geográfica del sector manufacturero y, especialmente, de los servicios. 

También será necesaria una oferta suficiente de vivienda, energía, ocio, enseñanza y formación, para garantizar que las zonas rurales no solo sean sostenibles, sino también atractivas para vivir. La calidad de vida en el mundo rural se medirá por el aumento del número de jóvenes y de iniciativas innovadoras que proporcionen empleos de calidad.

Tenemos mucho por hacer y desde el CESE continuamos trabajando para alcanzar esas sinergias y que la voz de la sociedad civil tenga un peso importante en la toma de decisiones. Experimentar con nuevas formas de cooperación urbano-rural no es solo un requisito previo, sino un pilar importante de nuestra visión a largo plazo de la Europa que queremos.