La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha presidido este lunes una reunión en el Ayuntamiento de Santaella con los alcaldes de las localidades de Fernán Núñez, Montemayor, La Rambla, Montalbán de Córdoba, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella, La Guijarrosa y La Victoria, tras conocerse la autorización por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad del acuerdo de colaboración entre estos municipios para prestar de forma asociada el servicio de Policía Local. La reunión ha tenido como objetivo abordar la puesta en marcha efectiva del acuerdo.
Se trata de un proyecto pionero en España que encuentra su base en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se establece que cuando dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas por la ley a dichas policías.
Los requisitos necesarios para establecer un acuerdo de este tipo son: ser municipios limítrofes, que en el caso de estas localidades de la Campiña Sur, aun no siendo limítrofes entre sí, si conforman un conjunto geográfico sin discontinuidad entre ellos; no disponer separadamente de recursos suficientes para la prestación de servicios de Policía Local, y que la suma de las poblaciones de los municipios asociados no supere la cifra de 40.000, resultando entre los municipios que suscriben este acuerdo un total de 34.631 habitantes.
Unión en un cuerpo de 32 agentes
De este modo, el proyecto contempla la unión de los 32 agentes que actualmente prestan sus servicios en estos municipios con el objetivo de dar cobertura, de forma conjunta, a una población de casi 31.000 habitantes, ofreciendo un servicio con patrullas de dos agentes y tres turnos al día, así como con una capacidad de respuesta ante cualquier incidencia de un máximo de diez minutos.
Según el estudio realizado por los consistorios implicados, la puesta en marcha de este servicio comarcal supondría, además, un ahorro cercano a los 700.000 euros con respecto al coste de las actuales plantillas.
«Tras conocer otras experiencias similares, y dado que la ley lo permite, valoramos la posibilidad de unir estos servicios para mejorar la atención a los ciudadanos», explicó Manuel Pedrosa, quien destacó que el principal «hándicap» reside en la cantidad de localidades implicadas en el proyecto, si bien finalmente han obtenido el visto bueno de Interior.
