El Pleno de la Diputación ha aprobado con los votos favorables solo del equipo de gobierno (PSOE e IU) el incremento de las tarifas del servicio de agua para aquellos entes locales en los que la empresa provincial Emproacsa no gestiona el ciclo integral.

En total, según explicó el portavoz del grupo socialista y presidente de Emproacsa, Esteban Morales, será solo una veintena de municipios los que se vean afectados por esta medida, de una subida del 15%, en concreto aquellos que no están adheridos al ciclo integral del agua y solo son atendidos por la empresa provincial bien en la recepción del agua en alta o en el ámbito de la depuración. Morales ha justificado la medida en el incremento de los costes de la electricidad, que ha subido un 75%, y el combustible y otros gastos que se han visto incrementados en los últimos años. Así, Morales indica que la subida es por "responsabilidad", para garantizar el mantenimiento de la calidad de las prestaciones de la empresa. En este punto, todos los grupos de la oposición se mostraron en contra, porque consideran que se está cargando sobre el bolsillo de los vecinos el encarecimiento del servicio. El PP, por medio de Miguel Ángel Torrico, ha calificado como  ”tarifazo” la medida, ha defendido el incremento cero de los impuestos a los ciudadanos y criticado que la política de izquierdas se sustenta en el aumento constante de los impuestos.

Los otros temas que han suscitado mayor debate, pues la mayor parte del orden del día se ha aprobado por unanimidad, son los que contenían una mayor una carga ideológica y partidaria, pues mientras que desde el PP se pedía al gobierno central que se tengan en cuenta todas las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) relacionadas con Córdoba, a la que según la portavoz popular, María Luisa Ceballos, se le ha disminuido la previsión de inversión en un 24% y sobre la que se han omitido partidas relacionadas con reivindicaciones históricas de la provincia, como el desdoblamiento de la N-432. En este asunto, reprochó la también alcaldesa de Priego que cuando gobernaba el PP en Madrid se constituyó una mesa de alcaldes y diputaciones para reivindicar esta iniciativa y ahora no se hace. Esta propuesta contó con el respaldo de Ciudadanos y Vox, y la oposición de los grupos gobernantes de PSOE e IU.

Sin embargo, sí contó el PSOE con el respaldo de todos los grupos, excepto los populares, en la reclamación al gobierno autónomo de incorporar el estudio y proyecto del desdoble de la A-431 entre Palma y Córdoba, por considerar que es una vía fundamental para el desarrollo de la comarca de la Vega del Guadalquivir, tanto en el sentido de movilidad poblacional como de salida a los productos agroalimentario que se producen en ella. Aquí, el Partido Popular reprochó al PSOE que retirara este proyecto del Plan Pista, después de haber anunciado varias veces su ejecución y que ahora ha sido el PP el que lo ha incluido en su nuevo plan de infraestructuras (Plan Pitma), según indicó Agustín Palomares, extremo desmentido por Francisco Palomares, del PSOE, quien indicó que no aparece dicho proyecto en el citado plan del gobierno andaluz.

También chocaron los bloques de derecha e izquierda en el debate planteado por Izquierda Unida para reclamar al Gobierno de la Junta que active y no bloquee el desarrollo de la Ley de la Memoria Democrática, pues a juicio de Ramón Hernández, con el actual gobierno de la Junta, con el apoyo de Vox se está obstaculizando la puesta en marcha de iniciativas incluidas en la ley, como la retirada de símbolos franquistas o el retraso en la tramitación de documentos sobre exhumaciones, como ha ocurrido con el de la ciudad de Córdoba. Por su parte, Carmen Arcos, desmintió los datos aportados, asegurando que se desde que está el PP en la Junta han aumentado las exhumaciones y los recursos para esa materia. En este punto, el PSOE se mostró favorable, mientras que el portavoz de Vox, Rafael Saco, fue claro y concreto, al anunciar no solo su voto en contra de esta iniciativa sino que se mostró partidario de no dar cumplimiento a la citada norma e incluso derogarla si llegara al poder. También se opuso Ciudadanos, pues a juicio de su portavoz, Miguel Castellano, con estas propuestas Izquierda Unida pretende “provocar y faltar a la inteligencia” de los ciudadanos, además de amenazar “la paz de Europa”.