La empresa pública Correos ha emitido un comunicado en el que responde al Partido Popular, que lleva hoy una proposición al pleno de la Diputación para proteger este servicio ante el riesgo de un posible desmantelamiento de oficinas de pueblos. Al respecto, la entidad señala que «toma las medidas organizativas necesarias para garantizar plenamente la prestación de los servicios postales y de paquetería y la atención al público en toda la provincia de Córdoba». Y añade que «no existe ningún desmantelamiento ni debilitamiento y la colaboración de Correos con sus filiales, incluida Correos Express, está dentro de las habituales sinergias generadas por la actividad y están perfectamente delimitadas en la normativa aplicable al Grupo Correos».
Correos, como compañía pública, «tiene la obligación de fortalecer su apertura a otros sectores y de diversificar su negocio, asignando eficientemente sus recursos, tanto humanos, como logísticos y tecnológicos, por lo que en función de la producción, que es fluctuante, adecua su plantilla y su estructura al nivel de actividad real». Y todo ello «manteniendo siempre la calidad del servicio que presta a toda la ciudadanía, los compromisos de entrega de los envíos y notificaciones en los plazos contratados y el respeto a las condiciones laborales de su personal
