Francisco Ángel Sánchez lleva al frente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), en calidad de presidente, durante el presente mandato. Esta entidad ha jugado durante la pandemia un papel fundamental en lo que se refiere a ayuda a los municipios y los colectivos más desfavorecidos.

¿Cómo valoraría el papel que ha desempeñado el IPBS desde que se declaró la pandemia?

Nosotros estamos contentos en el sentido de que todas las medidas y todas las disposiciones que hicimos en su momento han dado un resultado positivo. Sobre todo porque los ayuntamientos estaban huérfanos. Creo que el único aliado fiel que encontraron fue la Diputación de Córdoba y el IPBS, dentro de ella.

Se presentó una situación desconocida a la que había que dar respuesta en muy corto espacio de tiempo.

Por darte un ejemplo, el estado de alarma se anunció un viernes y el domingo ya estábamos nosotros cambiando nuestros procedimientos, precisamente para darle más agilidad. En dos días estábamos trabajando porque sabíamos lo que se nos venía encima. Y, luego, la tensión diaria por esa incertidumbre en los ayuntamientos a la que supimos darle respuesta. Cosas tan simples que se ven ahora como las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. No se sabía cómo actuar. Hubo que buscarle una solución. Luego nos ha quedado la satisfacción de que la fórmula que pusimos en marcha lo asumió la Junta.

Eso le iba a decir, que otras instituciones ha copiado fórmulas puestas en marcha por el IPBS.

Una de las cosas más importantes que hicimos, para darle cobertura a las decisiones con el tema de la ayuda a domicilio, fue que el mismo domingo o lunes salió la carta para la Consejería de Igualdad, en el sentido de que teníamos que hacer planes nuevos para la ayuda a domicilio. Porque si lo reestructuramos sin el consentimiento de la Consejería, podríamos tener problemas con las propias empresas que querrían cobrar las horas que no habían prestado. Hicimos una propuesta y quince días después salió el decreto copiando prácticamente nuestra idea.

Uno de los objetivos del IPBS es el de atender a los colectivos más desfavorecidos, que son los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia, por lo que el reto era aún mayor.

Eso fue por un lado, pero internamente lo más destacado fue el cambio de procedimientos para poder acometer iniciativas de manera rápida. Por ejemplo, las ayudas de emergencia que tenían un periodo de tramitación de semanas se pasaron a materializar en cuatro o cinco días.

«A nivel interno, un tema que nos preocupa es el de la inestabilidad de la plantilla»

En lo que se refiere a la ayuda a domicilio, desde el IPBS se ha tenido un debate con la Junta sobre la asignación y sobre los sueldos de las trabajadoras. ¿Se ha resuelto?

Ahí hubo dos momentos. Por un lado, todos entendíamos que los 13 euros por hora que se estaban pagando eran insuficientes a todas luces y desde el grupo de Izquierda Unida se presentaron mociones que fueron aprobadas por unanimidad de todos los grupos de la Diputación, que era reclamar a la Junta que se estableciera en 14,60. Entonces, lo que antes era el euro ese que se daba a la Diputación, pues ya no existe. Eso permitía hacer otro tipo convenios, ayudas y demás. Eso lo hemos trasladado y se hace con recursos propios, en subvenciones de concurrencia competitiva. Empezamos hace dos años con 200.000 euros y esperamos que en el 2022 sean 400.000 euros. El último año se han beneficiado 38 colectivos.

¿Y repercutió ese euro en el salario de las trabajadoras, que era el otro caballo de batalla que había?

Esa es la segunda parte. Nosotros tuvimos una reunión con la consejera Rocío Ruiz, en el Parlamento, en la que compartíamos toda la problemática y entendíamos en que esa subida se tenía que traducir en el sueldo. Pero claro, cuando se plasmó en el BOJA nos dejó a todos sorprendidos, porque no obligaba a las empresas. Los ayuntamientos que tenían gestión directa lo tenían más fácil, pero aquellos que tenían que regularizar el convenio con la empresa y ampliar esa cantidad lo tenían más complicado. Lo último que hemos hecho es incluir una cláusula social en los nuevos pliegos de adjudicación que les pasamos a los ayuntamientos para que se puntúe mejor a las empresas que contemplen la subida salarial en su puja por el servicio.

También se está trabajando desde el IPBS en promover el empleo social. ¿En qué consiste, está dando resultados?

El programa de empleo social es una de nuestras apuestas. Además de las ayudas de emergencia y demás, creemos que el empleo es el mejor de los recursos. Porque, por un lado, hay un dato importante y es que más del 40% de las personas que llegan a los servicios sociales son nuevas. Y el empleo social, además de que los ayuntamientos también nos lo reclamaban, es un recurso que hay que tener en cuenta. Para ello hace falta una carga de empatía de los que gobernamos y velar por la dignidad de esas personas.

Hay tres asuntos que también ocupan parte del trabajo del IPBS y que son las ayudas a la dependencia, los colectivos desfavorecidos y el problema de la pobreza energética, que ha ido a más de un tiempo a esta parte.

En lo de la ayuda energética, era algo que estaba ahí y que se trasladaba a los ayuntamientos para que lo gestionaran. Pero vimos que era necesario un estudio por parte de los trabajadores sociales. Lo que hicimos fue incluirlo como una ayuda más que tienen los trabajadores sociales y la gestionamos directamente nosotros. En este sentido, hay que señalar que la agilidad en poder atender desde el IPBS esos asuntos es gracias al escudo social del Gobierno central, de un millón de euros, con los que pusimos en marcha también el plan de garantía alimentaria.

Francisco Ángel Sánchez, en la sede del IPBS, en la calle Buen Pastor. MANUEL MURILLO

También es competencia de su área la oficina de la vivienda. ¿Cuáles son sus funciones?

Nosotros asumimos la parte social de la oficina. Es decir, ver el tipo de vivienda y las necesidades que hay en cada municipio. En ese aspecto lo que estamos haciendo es ese diagnóstico. Pero, además, hay otro aspecto importante que no solo es que el Ayuntamiento tenga un suelo y se lo cede a la Diputación, sino que se trabajan otras modalidades como la rehabilitación.

Actualmente hay muchas expectativas en los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia ¿qué peso tienen los servicios sociales en esos fondos?

Es un plan muy ambicioso. Muchas de las transferencias que han recibido ya las comunidades están referidas al ámbito social, en asuntos como el residencial, nueva economía, cuidados, dependencia... En parte, la subida del precio hora de ayuda a domicilio viene de esas ayudas. Otra línea que recogen estos fondos son las distintas convocatorias en cuestiones como movilidad, eficiencia energética, etcétera. Estamos esperando que salgan las convocatorias nuestras para acudir. Y la tercera línea son los Perter, que son planes estratégicos de ámbito nacional.

Queda todavía algo más de un año y medio de mandato. ¿Qué retos quedan pendientes para este tiempo que resta?

Hay varios asuntos, pero a nivel interno un asunto que nos preocupa especialmente es la inestabilidad de la plantilla. En el sentido de que la mayor parte de los trabajadores son temporales. Tenemos una tasa de temporalidad superior al 73%. Queremos darle estabilidad. Además de mejorar los programas actuales, sin olvidar darle más empuje a los programas grupales, como son envejecimiento activo, participación social del mayor y familia. Después de un año encerrados por la pandemia, queremos revitalizarlo y que los mayores vuelvan a salir a la calle.