Como ya se avanzaba en el Pleno del Ayuntamiento de Lucena del pasado mes de septiembre, la empresa Clece ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Este recurso paraliza de momento la adjudicación a la empresa Arquisocial, que se hacía con el servicio por un importe de 7.326.000 euros.

La adjudicación fue aprobaba con los votos a favor del PSOE, Cs y Vox y en contra del PP e Izquierda Unida. Al concurso se presentaron nueve empresas (Arquisocial, Clece, Eciclimp, la Empresa de Diversificación Integral del Andévalo, Eulen Servicios Sociosanitarios, Macrosad, Monsecor, Protección Geriátrica 2005 y Servisar Servicios Sociales). Finalmente, en la Comisión de Servicios Sociales se decidía adjudicar este contrato a la firma Arquisocial SL por un importe de 7.326.000 euros, que ofertó en su cuadro económico 14,11 euros más IVA por hora de lunes a sábado y 15,79 euros más IVA por hora los sábados y festivos, desestimando la oferta presentada por Clece, que inicialmente había conseguido la mayor puntuación, aunque su informe de justificación de la mejora económica se desestimó por la mesa de contratación a raíz de los informes emitidos por el personal municipal.

Tras el recurso de Clece, ahora el Ayuntamiento de Lucena se encuentra desarrollando unas alegaciones en las que, según han informado fuentes municipales, se esgrime que la justificación sobre la baja temeraria de Clece, que sido elaborada ahora por una empresa externa, no se ha dado a conocer al Ayuntamiento de manera previa, sino que ha sido directamente a este órgano.

Cabe recordar que en el Pleno donde se adjudicó, el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa, votó en contra dejando clara su postura por la defensa de los servicios públicos, al estimar que "los beneficios de este tipo de empresas podrían ahorrarse y destinarse a mejorar las condiciones del servicio y el sueldo de sus trabajadores". Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Francisco Aguilar, avanzaba que esta adjudicación "puede acarrear importantes problemas al Ayuntamiento, al desestimar a una empresa por una supuesta baja temeraria". Insistió, refriéndose a Clece, en que esta empresa podría recurrir al Tribunal de Recursos Contractuales y posteriormente al Tribunal Económico Administrativo y que, de prosperar estos recursos, podría darse que el Ayuntamiento tuviese que afrontar el beneficio industrial de este tipo de contratos, que podría suponer 250.000 euros al año. Por el momento, será Servisar Servicios Sociales la que tenga que mantener su prórroga del contrato del servicio.