La lucha contra la despoblación del medio rural se ha convertido en uno de los ejes de las políticas de las administraciones públicas que, bajo este paraguas, elaboran presupuestos, programas de actuación y proyectos de todo tipo.
Las mejores conexiones tanto tecnológicas como por carretera o ferrocarril, oportunidades para actualización económica, educativa y protección del patrimonio son algunos de los aspectos sobre los que se sustentan ya las grandes líneas de actuación, hasta el punto de que los fondos europeos ya giran sobre esta preocupación y han surgido al respecto los denominados fondos Next Generation.
En toda esta nueva manera de concebir la política, los representantes de los lugares a los que se destina han querido tomar partido y erigirse en una voz a la que prestar atención. Por ello, 78 municipios de varias provincias, amparados por varias mancomunidades, han constituido la plataforma contra la despoblación, ahora autobautizada como Provincia 51, y buscan apoyo en otros estamentos.
La Diputación de Córdoba en su último pleno aprobó una declaración institucional en la que mostraba su apoyo unánime a las demandas de este colectivo que considera que «la situación de pérdida de población que padecen estos municipios es insostenible» y reclaman «un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo regional y un nuevo modelo provincial que potencien la España rural con el asentamiento poblacional, la creación de nuevas oportunidades en materia de empleo y desarrollo económico y un giro de 180 grados en las políticas actuales desde todos los ámbitos que solo favorecen la concentración de las actividades económicas en los mismos sitios y cuyos resultados son el hacinamiento, el encarecimiento de la vivienda, la insostenibilidad del planeta y formas de vida contrarias a la esencia del ser humano».
Por todo ello, los 78 ayuntamientos integrantes en la iniciativa reivindican ser declarados «zonas rurales a revitalizar», tal y como se recoge en la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (45/2007 de 13 de diciembre), entendiendo como tales a «aquellos con escasa densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajo nivel de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial».
Las entidades que forman parte de este colectivo son la Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena y la Mancomunidad de La Serena (Badajoz), la de Los Pedroches y el Guadiato de Córdoba, la del Valle de Alcudia, Sierra Madrona y la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén (Ciudad Real) y la de Sierra Morena de Sevilla.
Las reivindicaciones se refieren a cambios y adopción de nuevas medidas legislativas, como el cambio de la ley de contratos de las administraciones públicas, en cuanto a su aplicación en municipios inferiores a 20.000 habitantes ubicados en ámbitos rurales despoblados; revertir el peso poblacional para conceder el importe en la Participación de los Impuestos del Estado (PIE); una legislación estatal que obligue a las entidades bancarias al mantenimiento de las oficinas en los municipios de ámbito rural; legislación que favorezca que los puestos de empleo que se generen sean cubiertos por las personas residentes en los núcleos despoblados con preferencia sobre los no residentes y que se legislen normas urbanísticas aplicables al ámbito rural.
Asimismo, reclaman cambios y adopción de medidas fiscales y de Seguridad Social, como bonificaciones y exenciones fiscales para los habitantes de zonas despobladas, y para las empresas que se quieran asentar en estos entornos despoblados y bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social para hacer más competitiva la contratación laboral en las zonas rurales.
Mejores comunicaciones
El tercer eje de demandas de los núcleos rurales despoblados se refiere a medidas económicas y de infraestructuras, como adoptar partidas en los presupuestos autonómicos y provinciales que ayuden a favorecer una ventaja competitiva con zonas rurales.
Es de vital importancia para este grupo adoptar medidas urgentes para suplir el déficit energético actual con el impulso de inversiones en nuevas líneas eléctricas que aseguren el suministro y el asentamiento de nuevas producciones. En el mismo sentido se refieren a las dotaciones de conexiones a internet que ayuden la implantación empresarial con todas las garantías de comunicación.
Reclama esta plataforma de núcleos rurales que la aplicación del denominado 1,5% cultural, procedente de las inversiones en obra pública para la recuperación del patrimonio cultural con carácter preferente en los municipios de la llamada España Vaciada sin aportación municipal del 20% porque «si perdemos el patrimonio cultural, perdemos los recursos turísticos para aprovecharlos». Asimismo, reclaman un plan de inversiones en infraestructura pública de comunicaciones por carretera y ferrocarril que permita a los municipios de estas características salir del aislamiento geográfico en el que se ven envueltos actualmente, facilitándoles su vertebración territorial.
La última demanda de la plataforma contra la despoblación hace alusión a elaborar planes específicos de acceso a la vivienda y rehabilitación en las zonas de prioridad demográfica, con una convocatoria adaptada a las necesidades de la población y a las características del medio.
La plataforma cree fundamental tener buenas carreteras, ferrocarril y conexión a internet de calidad
