En el salón de plenos del Ayuntamiento de Puente Genil, con el fondo de una pantalla en la que puede leerse "Permuta del nuevo cuartel de la Guardia Civil", se ha dado a conocer oficialmente el paso administrativo definitivo para la adquisición por parte del Ministerio de Interior del nuevo acuartelamiento y viviendas para los agentes, después de 17 años de litigios y demoras. Un acuerdo según el cual el Consistorio hará entrega del antiguo edificio al empresario que lo adquirió para viviendas y uso comercial. En el acto de la firma de la permuta han estado presentes el alcalde, Esteban Morales; la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela; y el teniente coronel de la Comandancia de Córdoba, Juan Carretero.También han estado presentes el teniente del puesto principal de Puente Genil, del destacamento de Lucena y el inspector jefe de la Policía Local.

"A partir de ahora -dijo Morales- los agentes podrán tener una vivienda digna", habiéndose cumplido "hoy aquella primera propuesta de la que no se hicieron bien los primeros trámites". Así se ha producido "la resolución de este tema que comenzó en el año 2004". El alcalde también aprovechó el acto para "agradecer a los técnicos y servicios jurídicos del Ayuntamiento" el trabajo desempeñado.

Por su parte, Rafaela Valenzuela explicó el retraso en todo el procedimiento basándose en el hecho de que "la Administración es muy garantista y por eso, cuando las cosas se complican, se tarda en resolver". No obstante, precisó que "es necesario que este puesto principal, el que está dotado de más efectivos de la provincia de Córdoba", dispusiera de estas instalaciones. En definitiva, "se trata de un salto cualitativo porque el viejo cuartel no disponía de las condiciones pero sí está en un lugar buenísimo". Resaltó la importancia y "el empuje y colaboración administrativa" en todo el proceso entre la administración local y el Ministerio del Interior, al tiempo que reconoció que la demora en la permuta se ha debido "al cambio de normativa, por lo que el alcalde ha tenido que lidiar con eso".

En definitiva, dijo Valenzuela, "me siento muy orgullosa de la Guardia Civil y del Ayuntamiento de Puente Genil". En nombre del instituto armado, Juan Carretero dijo que "la noticia nos emociona tras la larga espera", pero reconoció que "hemos sido exigentes con la normativa". Puso el énfasis, al igual que la subdelegada, en el hecho de que Puente Genil dispone de la Unidad de Seguridad Ciudadana mejor dotada de la provincia".

Desde el año 2004

En el año 2004 se inició el protocolo de actuación por el que el Ayuntamiento se comprometió a construir y promover un nuevo edificio para permutarse por el actual acuartelamiento, que se destinará a viviendas de protección oficial, zona comercial y garaje. Así concluye un largo periodo de trabajo y muchas vicisitudes, tanto políticas como sociales, que han preocupado a la ciudadanía, y el resultado será que los agentes de la Guardia Civil ocuparán el nuevo acuartelamiento.En cuanto a las valoraciones económicas de ambos inmuebles, el nuevo edificio ascendía a 2.989.000 euros y el actual a 2.987.000 euros, y que la Gerencia de Infraestructuras y Seguridad del Estado (Giese) había pedido al Ayuntamiento que renunciara a la diferencia (unos 2.300 euros) como compensación al trabajo que realiza la Guardia Civil en Puente Genil, indicando que para que la Giese aceptara el nuevo edificio el Ayuntamiento había tenido que cumplir con los requerimientos en materia de accesibilidad y nuevas normativas.

Avenida de la Guardia Civil en el polígono de Las Flores

Esteban Morales anunciaba en el mismo acto que, "a instancias del PP" y con el acuerdo de todos los grupos políticos, en el próximo pleno se aprobarán los trámites oportunos para nominar avenida de la Guardia Civil la calle del polígono de Las Flores que desemboca en la avenida de la Estación con Francisco de Quevedo, la actual calle La Palmera.

Datos de delincuencia en Puente Genil

Por otra parte, el teniente coronel Juan Carretero ofreció los datos delincuenciales publicados por el Ministerio del Interior relativos a Puente Genil. Así, indicó que las infracciones penales "han bajado en Puente Genil un 25% en el último año y hasta un 60% en los últimos cuatro". Esto se ha debido "a la labor conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Local", a "quienes nos toca cubrir la capa de seguridad en turismo" y otras áreas, apostilló. Precisó que la plantilla de Puente Genil asciende a 50 agentes con plaza, si bien estas no están cubiertas al día de hoy, ya que algunos efectivos están en prácticas, otros en comisión de servicio, etcétera.

El caso llegó hasta los tribunales

En el año 2004 se inició el protocolo de actuación por el que el Ayuntamiento se comprometió a construir y promover un nuevo edificio para permutarse por el actual cuartel, que se destinará a viviendas de protección oficial, zona comercial y garaje. Desde entonces, el proyecto ha sufrido incontables trabas que han pasado incluso por la judicialización, una causa en la que estuvieron imputados el anterior alcalde, Manuel Baena (IU), y nueve concejales (PSOE, PP y PA), si bien la Audiencia exculpó a todos ellos. También estuvo imputado y exculpado el empresario y promotor de la obra del cuartel.

El exregidor firmó un contrato en febrero del 2004 con la Giese para la construcción de una nueva casa cuartel, por el que el Ayuntamiento aportaría el terreno, asumiría la construcción y recalificaría el suelo que ocupaba la actual.

El fiscal sostuvo que antes de la firma del acuerdo, el acusado fue informado por el alcalde de todos los detalles de la negociación y, «en el convencimiento» de que él iba a ser el adjudicatario de la obra, firmó un acuerdo con una cadena de supermercados por la que ésta se reservaba el derecho de alquiler de las instalaciones del antiguo cuartel cuando fuera comprado por el procesado tras la desafectación del inmueble por el Ministerio del Interior y su adjudicación al Consistorio. Una vez que el Ayuntamiento supo la elección de la finca Las Flores, el acusado «se apresuró a adquirirla» por 245.000 euros. El fiscal consideró que el procesado esperaba sacar un beneficio de 956.000 euros por la venta del terreno sobrante. El promotor comenzó las obras «sin licencia ni adjudicación legal», pero con motivo de una inspección solicitó la licencia el 5 de abril del 2005, que se le concedió un día después de que suscribiera con el alcalde un protocolo por el que se le adjudicaba la obra del nuevo cuartel, estando «ya prácticamente terminada, sin que el Ayuntamiento de Puente Genil aparentemente se obligara a pagar cantidad alguna, ni asumiera ninguna obligación, salvo la de ceder las instalaciones del antiguo cuartel al acusado». Finalmente, el asunto quedó dirimido en los tribunales y tanto los políticos como el promotor fueron exculpados. Fue el Ayuntamiento quien se hizo cargo de la finalización y posteriores adecuaciones de la obra.