Hoy es domingo y nadie acudirá por la mañana a casa de Teresa a levantarla, asearla y sentarla en la silla de ruedas para que pueda desayunar y pasar el día junto a su sobrina. Agustina, con 60 años, discapacitada también, tuvo que acostarla anoche, como hace cada sábado porque el fin de semana nadie acude a ofrecerles la ayuda a domicilio que les reconoce la ley de dependencia y que reciben solo de lunes a viernes. Teresa es gran dependiente, en grado 3, y Agustina, lo es también, pero en grado 2. 

Durante tres años vivieron en una residencia, pero la irrupción del covid sembró en ellas el miedo a los contagios y al aislamiento, así que decidieron regresar a su casa. De vuelta en Torrecampo, tuvo que pasar un largo periodo hasta que, gracias a su perseverancia, lograron que se les cambiara la prestación asignada por el servicio de ayuda a domicilio que gestiona el Ayuntamiento con presupuesto de la Junta de Andalucía. Según relata Agustina, Teresa, que es su tía aunque para ella es su madre porque la crio y la sacó adelante, "vienen a casa de lunes a viernes por la mañana y por la noche para acostarla y el sábado solo por la mañana». Desde ese momento, es Agustina quien tiene que hacerse cargo de su tía hasta el lunes. «Tengo que arrastrarla como puedo para sentarla en la silla, echarla en la cama o asearla, intentando hacernos el menor daño posible a las dos», explica consternada. «No tenemos familia cerca ninguna de las dos, así que dependemos exclusivamente de que la empresa nos mande a alguien para movernos; no se preocupan de las personas mayores, no te escuchan y te sientes indefensa», lamenta.

La plataforma ciudadana en defensa de los mayores dependientes de Los Pedroches ha protestado en varias ocasiones por la suspensión del servicio los días festivos, una situación que el director de la Agencia de Servicios Sociales, Víctor Manuel Bellido, ha calificado de «ilegal». En Torrecampo, la responsable directa es la alcaldesa, Francisca Alamillo. Este periódico ha contactado con ella y culpa de esta irregularidad a la Delegación de Igualdad y a la Diputación, a quienes afirma haber enviado escritos que no han obtenido respuesta. El delegado de Igualdad y Políticas Sociales, Antonio López, niega haber recibido notificación al respecto, pero recalca que «en los pliegos de contratación se establece que el servicio hay que prestarlo todos los días del año sin distinción de domingos y festivos» y que son el Ayuntamiento y el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), responsable de coordinar estas actuaciones en los municipios de menos de 20.000 habitantes, las administraciones con potestad para negociar con la empresa adjudicataria, en este caso Clece, la distribución de las horas asignadas.

Al respecto, el IPBS asegura no tener ninguna notificación o denuncia sobre el caso de estas vecinas de Torrecampo, hecha pública hace un mes en este periódico, ni estar al corriente de que haya otras personas en la situación de Teresa y Agustina. Solo la plataforma en defensa de las personas dependientes parece ser consciente del sufrimiento de estos mayores y se ha dirigido a todas las partes implicadas. Según su presidenta, María José Vázquez, la empresa afirma que «el motivo de que no acudan esos días es que los Servicios Sociales del Ayuntamiento no lo han solicitado». Y Clece, por su parte, ha declinado pronunciarse sobre este asunto a preguntas de este periódico. El resultado es que hay, al menos, dos mujeres con graves problemas de movilidad esperando que alguien se tome en serio el problema y actúe. 

La adjudicación del servicio no se actualiza desde hace casi tres años

La adjudicación del servicio de ayuda a domicilio de Torrecampo lleva casi tres años sin actualizar, pendiente de un nuevo contrato. La Delegación de Igualdad y Políticas Sociales (PP) y el Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación (IU) coinciden en que la Administración competente para licitar el servicio corresponde al Ayuntamiento de Torrecampo, mientras el Consistorio (PSOE) alude a una encomienda de gestión que aprobó el pleno para derivar la licitación a la Diputación. Por su parte, la institución provincial niega la mayor e insiste en que el IPBS ofrece asesoría técnica a los ayuntamientos, pero no es la encargada de realizar el concurso del servicio como tal. Mientras tanto, el tiempo corre. La ayuda a domicilio está asignada a la empresa Clece, en situación de prórroga forzosa por «tácita reconducción». Normalmente, las prórrogas de este tipo se prevén solo para casos excepcionales.