El Instituto para la Transición Justa (ITJ) y el Instituto de las Mujeres (InMujeres) han firmado este viernes un protocolo para el desarrollo conjunto de actuaciones en el marco de la elaboración de los convenios de Transición Justa. El objetivo, según informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es «fomentar el emprendimiento y mejorar la empleabilidad y las condiciones de trabajo de las mujeres en los territorios afectados por la transición energética».
El protocolo refleja el interés de ambos organismos por establecer un marco general de colaboración e intercambio de información para incentivar el papel activo de las mujeres en el ámbito de los convenios de Transición Justa, de forma que se garantice su participación y su aportación al crecimiento económico sostenible, el bienestar social y el empleo en estas zonas. De las 13 zonas afectadas en España por estos convenios, en Córdoba se encuentra el Guadiato, como consecuencia del cierre de la central térmica de Puente Nuevo.
El ITJ y InMujeres compartirán la información disponible para la elaboración de un diagnóstico de necesidades y ofrecerán apoyo técnico para facilitar la participación de las mujeres en la definición de los convenios de Transición Justa.
«Ambos organismos trabajarán coordinadamente para garantizar el enfoque de género, tanto en las políticas públicas como en las iniciativas privadas que se desarrollen en el marco de los convenios de Transición Justa y darán visibilidad a la aportación activa e igualitaria de las mujeres como agentes del cambio».
El Instituto de las Mujeres canalizará el contacto entre el movimiento asociativo de mujeres y el Instituto para la Transición Justa. Este, por su parte, trabaja para optimizar las oportunidades de actividad económica y empleo que surgen de la transición ecológica hacia una economía baja en emisiones de gases efecto invernadero. Para ello ha puesto en marcha la elaboración de un Convenio de Transición Justa en cada zona impactada.
Su objetivo es proponer actuaciones integrales que logren el mantenimiento y creación de actividad económica y empleo en el territorio acompañando a los sectores productivos y colectivos en riesgo, adoptando medidas que fijen la población en zonas donde han estado ubicadas las minas de carbón o las centrales térmicas en cierre.
