La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha anunciado en Cabra un plan de choque para relanzar e incentivar la actividad en los centros de día de personas mayores y con discapacidad y los centros ocupacionales, que cuentan con más de 14.000 usuarios en toda Andalucía. El primer paso ha sido la reducción del copago que aportan los usuarios hasta el 25%, frente al 40% que se aplicaba desde el 2002, así como la priorización de las propuestas del Programa Individual de Atención orientadas a la modalidad de centro de día.

Este anuncio lo hizo en el transcurso de su visita a los talleres ocupacionales y la residencia para personas mayores que gestiona la Fundación Promi en Cabra, donde acompañada por el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión, Marcial Gómez, y el delegado territorial de Igualdad, Antonio López. Allí subrayó que estos centros «son recursos vitales para prevenir situaciones más graves en la dependencia, y responden a nuestro modelo de atención de proximidad y cercanía».

«Un modelo con el que estamos comprometidos y que ha sido reconocido y valorado de forma muy satisfactoria por el Observatorio de la Dependencia, ya que somos la segunda comunidad autónoma mejor valorada en la gestión del sistema de la dependencia, con un 7,1. Se trata de la mejor nota de los últimos cinco años y la segunda valoración más alta de España, solo detrás de Castilla y León», destacó, y puso el acento en que los centros andaluces son «instalaciones seguras frente al covid-19 al tener garantizada la vacunación tanto las personas usuarias como los profesionales», al tiempo que se han actualizado sus medidas sanitarias y preventivas de salud pública para minimizar la transmisión de la infección.

Por otra parte, la Consejería ha ampliado hasta el 31 de mayo las medidas económicas para estos centros, lo que garantiza la financiación de las plazas concertadas y ocupadas por personas beneficiarias en situación de dependencia. Una medida, dijo, que permite de paso sostener el sector y garantizar el empleo. En este sentido, Ruiz señaló que cuando los titulares de esas plazas no acudan de manera presencial, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) abonará por esas plazas ocupadas la diferencia resultante entre el coste de cada plaza establecido y las cantidades que deberían abonar los titulares de las mismas.