El plan de suelo previsto para la zona de La Barqueta-Duque y Flores no podrá edificarse como estaba previsto en un principio, pues perderá 271 viviendas. Dicho plan (SUS-SE 2-11) fue diseñado, junto a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), en el año 2003 para la construcción de 450 viviendas, que ahora serán 179, ante la nueva normativa de suelo inundable. Así, el área de reserva sur, Duque y Flores, que tiene 65.000 metros cuadrados, queda como suelo no urbanizable al ser catalogado el terreno como zona de riesgo de flujo preferente. Por otro lado, el área de reserva oeste, La Barqueta, queda con una superficie estimada de 40.524 metros cuadrados y la construcción de 179 viviendas, más 6.000 metros de espacio libre y algo más de 2.000 para equipamientos.

La alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera, informó a la Corporación del escenario final de este plan de suelo, que en un principio fijó 64.618 metros cuadrados, 16 parcelas, en Duque y Flores, y 39.572 metros cuadrados, 15 parcelas, en la Barqueta. Este plan fue aprobado en octubre del 2008 por el procedimiento de expropiación con tasación conjunta. La regidora señaló que las arcas municipales tienen que devolver a 14 afectados 779.000 euros, puntualizando que «el Ayuntamiento va a pagar, porque hay retención de crédito».

Caro de la Barrera recordaba el proyecto, explicando que el plan estaba pendiente de la ampliación del puente de La Alegría sobre el Genil (CO-132), que en el 2010 llegó la evaluación y gestión de riesgo de inundación y en el 2016 se plasmó en el nuevo reglamento de dominio público hidráulico, con los nuevos mapas de peligrosidad y de riesgos por inundación.

Este asunto llega al pleno a raíz del allanamiento parcial al recurso contencioso-administrativo interpuesto por un afectado. Desde la oposición, Valle Alfaro (Cambiemos Palma) indicó que el plan estaba sujeto a la ampliación del puente y que hay un incumplimiento por parte de EPSA, para el que exige el pago del compromiso. Desde el PP, Matilde Esteo añade que «hay 779.493 euros, dinero que es de nuestros ciudadanos», denunciando «incapacidad de negociación con los afectados».