El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de 18 meses de prisión para una vecina de Peñarroya-Pueblonuevo que, tras recibir una denuncia para el desalojo de un inmueble, intentó detener el proceso presentando unas fotocopias «manipuladas de transferencias bancarias que no se habían producido».
El fiscal, en su escrito al Juzgado de Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo, dentro del procedimiento abreviado 50/2018, detalla que «la acusada era parte demandada» en un procedimiento por el que se ejercitaba «acción de desahucio y reclamación de cantidades debidas por impago de las rentas y otros gastos» en virtud del contrato de arrendamiento existente entre el propietario y la acusada.
En julio del 2018, la demandada se opuso alegando que no existía deuda alguna y para acreditar el pago «se aportó una documentación en la que se incluyeron copias de justificantes de cuatro transferencias bancarias». Sin embargo, prosigue el fiscal en el escrito de acusación, «dichas fotocopias se habían manipulado por la acusada u otra persona a su indicación, alterando las fechas que constaban en las mismas con la finalidad de dar por acreditados unos supuestos abonos» que ascendián a un total de 931,50 euros «que en realidad no se habían producido».
Así, el Ministerio Fiscal concluye que los hechos constituyen «un delito de falsedad en documento privado en grado de tentativa», por lo que solicita una pena de 18 meses de prisión para la acusada.
