La Fundación Faisem, Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Discapacidad, dependiente de la Consejería de Salud aunque de gestión privada, va a reiniciar los procedimientos administrativos para validar el cierre de su centro de día en Lucena para trasladarlo a Cabra. Así lo confirmaron a este periódico fuentes de la Consejería de Salud, una vez que el fiscal Fernando Santos Urbaneja ha concluido las diligencias de investigación abiertas respecto al cierre de este centro, que ha afectado a 18 usuarios, con un documentado informe en el que considera que se produce una «nulidad radical de las actuaciones» porque no se ha respetado ninguna normativa. El fiscal concluye también que «aunque la decisión de cerrar puede ser legítima, se debe restaurar todo al principio, a la situación inicial, cumplir la ley y presentar toda la documentación», según dijo a este periódico.

Y así es cómo va a proceder Faisem, pero sin intención de reabrir su centro de Lucena, aunque trasladará de forma gratuita a sus residentes a Cabra cada día, según informó la Junta.

Ahora bien, el decreto del fiscal, que acordó abrir diligencias informativas tras recibir un informe de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios de la Delegación de Salud y Familias, concluye también que hay una «responsabilidad, que va asociada a multas y sanciones disciplinarias, tanto por parte de la Delegación de Salud como por la de Igualdad», y otra «responsabilidad patrimonial» porque «los usuarios se han quedado sin este servicio y tienen derecho a ser indemnizados». Santos Urbaneja explica que «la Consejería de Salud tiene una fundación y sus responsables han cometido infracción disciplinaria». Sin embargo, de momento no hay ninguna diligencia abierta por parte de la Junta.

Ambas consejerías pueden ser, a su vez, objeto de reclamación e indemnización por parte de los particulares afectados «por funcionamiento anormal de los servicios públicos», asegura el fiscal.

En los hechos expuestos, tras llamar a declarar a todas las partes implicadas, se deduce que el centro se cerró en la última semana del mes de mayo del 2020, y que la decisión se tomó de modo conjunto por Fernando Castro, delegado provincial de la Faisem en Córdoba, y Silvia Maraver, gerente de dicha fundación. «La decisión no se plasmó en ningún documento escrito, no existe por tanto resolución de cierre», dice el fiscal, ni tampoco se consultó con el director de Unidad de Clínica de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria Córdoba Sur ni con los equipos de Salud Mental de Lucena y Cabra. Igualmente, no se dio conocimiento a la Junta ni a los usuarios afectados. Por otro lado, según el informe del fiscal, «no se aprecia justificación económica para el cierre», pese a que este se planteó por dichos motivos, «en una política de ahorro de costes», debido al precio de alquiler del Consistorio lucentino.