El Ayuntamiento de Cabra es el primero de Andalucía que regula el teletrabajo de su plantilla y lo ha hecho basado en un toma y daca que supone que el personal debe aportar los medios tecnológicos para no tener que ir a las dependencias municipales.

Así lo recoge el acuerdo del Pleno por el que se regula el trabajo de manera no presencial, que establece que debe ser el trabajador el que disponga de los "medios suficientes" para que la 'oficina a distancia' disponga de "los medios tecnológicos necesarios" y reúna "las condiciones precisas para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigibles en materia de prevención de riesgos laborales, de privacidad y de confidencialidad de los datos".

El delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cabra, Felipe Calvo (PP), comenta en una conversación con Efe que la decisión de regular el teletrabajo en este municipio de 20.341 habitantes se tomó mediante un proceso "muy madurado desde hace tiempo, tanto en la Mesa General de Negociación, con los sindicatos, como con los demás portavoces de la oposición".

De hecho, el acuerdo plenario, ya en vigor y con una vigencia inicial de tres meses prorrogables, se adoptó por unanimidad, aunque el PP no necesitase con su mayoría absoluta de los votos de la Unión Vecina Egabrense, PSOE o Ciudadanos.

Para tomar la decisión se ha tenido en cuenta la experiencia del confinamiento, dice Calvo, ya que "en cualquier momento podemos tener otra situación de crisis" y que, viendo que esta fórmula no presencial "permite perfectamente la conciliación de la vida laboral con la personal y la familiar de los empleados públicos", se decidió regularlo y valorar cómo evoluciona su implantación.

Para Ana Maldonado, secretaria de Administración Local y Servicios a la Comunidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Andalucía, "hay muchos alcaldes que no creían en el teletrabajo y con el estado de alarma han visto un filón", aunque esa situación no se puede prolongar, a su juicio, porque "la jornada laboral no puede ser las veinticuatro horas del día los siete días de la semana".

En Cabra, la adscripción es voluntaria, "no supone por sí mismo una especial dedicación ni una jornada superior a la ordinaria" y no es de aplicación, según establece el acuerdo, "en situaciones de estado de alarma, excepción o sitio, o cualesquiera otras situaciones excepcionales, causadas por catástrofes, emergencias sanitarias u otras circunstancias análogas".

Esto es así, según Felipe Calvo, debido a que en estas ocasiones hay una "autoridad competente" que establece "la preferencia en la prestación mediante trabajo a distancia o teletrabajo de servicios por parte de las Administraciones Públicas", tal y como se cita en la propia norma.

La dirigente de UGT comentó a Efe que "esta situación se va a alargar y no podemos estar como hasta ahora", aunque reconoce los problemas que hay en la Administración local para dotar de medios a sus trabajadores, debido al "techo de gasto y la normativa".

La premisa que ha servido de base para el acuerdo con sindicatos y oposición en Cabra, apunta el teniente de alcalde, es mantener cubierta siempre la atención presencial al público.

Para ello, el Ayuntamiento ha implementado un sistema que complementa al teletrabajo, de citas previas, tanto por internet, como por teléfono como en la propia sede municipal, "que está funcionando muy bien", afirma el responsable municipal de Personal.

Los trabajadores del Ayuntamiento de Cabra, que deberán disponer en su 'oficina a distancia' de una "conexión de red" que sea "suficiente y segura para poder desempeñar en la oficina a distancia las tareas propias de su puesto de trabajo en idénticas condiciones a como serían ejecutadas en el centro de trabajo", podrán optar a teletrabajar miércoles o jueves o ambos días de cada semana.

"El COVID ha demostrado que el teletrabajo es el mecanismo más eficaz para garantizar el funcionamiento de la Administración", afirma Felipe Calvo.

La regulación del Ayuntamiento de Valladolid, que lo aprobó el 17 de junio pasado, ha sido el espejo normativo en el que se ha mirado Cabra, aunque los municipios de Alcobendas, desde enero de 2016, y el de Ávila desde noviembre de ese año, ya disponían de regulaciones con anterioridad. La Diputación de Córdoba la aprobó en marzo de 2018 en una primera fase de implantación "para casos muy justificados" y no para la totalidad de su personal y la de Almería lo hizo el 29 de mayo aunque aún no ha entrado en vigor.

En el caso almeriense, la institución provincial sí se ha comprometido a facilitar los medios técnicos para el teletrabajo, como el equipo informático o el teléfono.