El servicio de ayuda a domicilio en Baena se ha suspendido este lunes debido a que la empresa que lo lleva a cabo no encuentra mascarillas para sus empleados. El concejal de Salud, José Gómez, ha informado de que desde el Ayuntamiento están haciendo todo lo posible por encontrar el material necesario para que se restablezca el servicio cuanto antes. Gómez confía en que desde la Junta de Andalucía se proporcionen "todos los medios necesarios lo más pronto posible para que puedan atender a los usuarios de la ayuda a domicilio".

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En Palma del Río, la delegada de prevención de riesgos laborales por la empresa Ineprodes del servicio de ayuda a domicilio, Yolanda Guerrero Uroz, denuncia que "no podemos trabajar sin material de prevención, nos sometemos y sometemos al contagio a los mayores que atendemos, y a sus familiares, incluyendo niños en este estado de alarma". Guerrero precisa que han presentado un parte de incidencia porque "la empresa no nos ha facilitado el equipo de protección individual (EPI)", tales como guantes, batas y mascarillas. Añade que se han puesto en contacto con la empresa y que la respuesta ha sido que "lo hemos pedido a una empresa proveedora de Barcelona pero que no tienen material a disposición en este momento".

La delegada de Prevención de Riesgos Laborales explica que son más de 90 trabajadoras de ayuda a domicilio, muchas de las cuales han optado por acudir a las casas asignadas, aunque subraya que "hemos preparado un escrito desde la oficina de Palma del Río manifestando que no se puede realizar el servicio de ayuda a domicilio porque no contamos con los medios de prevención". Por otro lado, Guerrero indica que "desde el Instituto Municipal de Bienestar Social nos han enviado una partida de mascarillas y batas".

En relación a este servicio, el presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Francisco Ángel Sánchez, ha remitido una carta a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía con el fin de trasladarle una serie de propuestas y medidas extraordinarias en relación al servicio de ayuda a domicilio prestado por entidades locales.

Entre ellas, según el comunicado hecho público hoy por este organismo dependiente de la Diputación, se solicita a los servicios de teleasistencia de la Comunidad "la intensificación del seguimiento y el contacto telefónico de los usuarios que viven en soledad a fin de trasladarles información fidedigna, seguridad y tranquilidad". De igual modo, prosigue el escrito, "los Servicios Sociales Comunitarios atenderán las derivaciones telefónicas de los servicios de teleasistencia en situaciones de necesidad y urgencia".

El listado de medidas extraordinarias solicitadas contempla, asimismo, la petición de facultar a las entidades locales para la reordenación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio en función a la priorización de las situaciones de necesidad detectadas. "Se trata de que podamos priorizar los recursos disponibles en la atención a cuidados de grandes dependientes y dependientes severos con nulo o escaso apoyo familiar. Además, pedimos poder reorganizar los servicios de cuidados domésticos no prioritarios y su sustitución por servicios de entrega de comida a domicilio o entrega de alimentos", afirma el presidente del IPBS

En línea con lo expuesto anteriormente, el IPBS pone especial énfasis en garantizar la alimentación a las personas mayores dependientes que están confinadas en sus domicilios. Así, recoge que, "en caso de necesidad, se autorizará a las entidades prestadoras del servicio para el suministro y transporte de comida a domicilio desde establecimientos autorizados".

De igual modo, insta a la Junta de Andalucía a considerar el servicio de ayuda a domicilio como "servicio esencial", priorizando en las entidades prestadoras la dotación de elementos de protección necesarios para la continuidad del servicio. Asimismo, prosigue Francisco Ángel Sánchez, "dada la presión que habrán de soportar las entidades prestadoras y los altos costes por bajas y retenes especiales, instamos a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a considerar como servicio efectivamente realizado y abonable a las entidades prestadoras las alteraciones de servicios motivadas por la situación excepcional".