A la vista oral están llamados a declarar un total de 27 testigos. Entre ellos se encuentran los empresarios a los que se vendieron irregularmente las parcelas, exconcejales de IU y PP del mandato 1999-2003 y el exalcalde de Olivo Manuel García Reyes, que gobernó del 2003 al 2007, así como funcionarios y trabajadores municipales.

Los hechos que se juzgarán tienen su origen veinte años atrás, cuando el entonces alcalde firmó un convenio urbanístico con la propietaria del suelo, calificado como no urbanizable, mediante el cual esta cedía una serie de terrenos a cambio de un porcentaje del aprovechamiento urbanístico. Posteriormente, los acusados acordaron la adjudicación y enajenación de las parcelas, por cuya venta el Ayuntamiento ingresó 341.424,11 euros en el año 2003, cuando se tenían que haber ingresado, según figura en el escrito de acusación, 520.267 euros, un desfase que se debió «a las ilegales compensaciones pactadas con los compradores». Además, ese dinero no se destinó al desarrollo urbanístico de la zona, sino «que se fue aplicando al pago de distintos gastos corrientes del Ayuntamiento», y luego hubo que devolver con intereses el dinero entregado por los adjudicatarios de las parcelas.

Tal actuación, prosigue la acusación, «ha conllevado unos perjuicios descomunales para las arcas del Ayuntamiento, que ha tenido que paliar la situación creada por los acusados, corrigiendo no solo el planeamiento urbanístico que afecta al polígono industrial Los Fruteros, sino también la situación jurídica generada con la actuación antijurídica respecto de los adjudicatarios compradores, dado que el Ayuntamiento de Fuente Palmera ha tenido que devolver a cada uno de estos el importe de la cantidad entregada más los intereses correspondientes.