El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz (PSOE), ha dicho no entender y considerar "irresponsable" que, en el Pleno de la institución provincial de este martes, el PP votase en contra, lo que no impidió su aprobación, de una addenda al convenio con el Ayuntamiento de Córdoba para la ejecución del Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones (CEFC), cuando resulta que dicho convenio fue promovido y firmado cuando el PP gobernaba en ambas instituciones.

En declaraciones a los periodistas, Ruiz ha aludido así a la aprobación este martes por el Pleno, con los votos a favor del gobierno provincial (PSOE e IU), la abstención de Ganemos Córdoba y en contra de PP y Cs, de la cuarta addenda al citado convenio del CEFC, a través de la cual se prevé una ampliación de 12 meses para la finalización de las obras del mismo, y también la participación de la empresa pública Tragsa, como medio propio aportado por la Diputación con carácter excepcional, para finalizar la intervención.

Ruiz ha explicado que esta addenda al convenio forma parte del "compromiso que en su día se adquirió por parte del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, entonces gobernadas ambas instituciones por el PP, y que implicaba que la Diputación aportaba 1,5 millones de euros para colaborar en la construcción del Centro de Convenciones", señalando que "es muy importante para Córdoba y la provincia contar con ese espacio expositivo".

En cualquier caso, según ha resaltado, la addenda al convenio que se ha aprobado "responde a un compromiso adquirido en el mandato anterior", cuando gobernaba el PP y, "por tanto", Ruiz no puede "llegar a entender que ayer el PP votase en contra, pues no deja de ser un proyecto heredado" de su gestión, de modo que al presidente de la Diputación le parece "irresponsable adquirir cuando gobiernas unos compromisos y cuando estás en la oposición votar en contra de los compromisos que adquiriste".

En este sentido, Ruiz ha señalado que "lo importante es que se concluyan las obras y que, independientemente de quién inició el proyecto, lo responsable es terminar" el Centro de Convenciones, de modo que "hay que dejarse de cuestiones partidistas y arrimar todos el hombro para que sea una realidad finalizada, para beneficio de Córdoba y de la provincia lo más pronto posible", en este caso con la implicación de Tragsa.

Ello será posible, según ha recordado Ruiz, porque "la Diputación tomó la decisión en su día de adquirir una acción de Tragsa", para que esta empresa pública "fuese medio propio" y "poder utilizarla para casos excepcionales, como éste", al no concluir la ejecución del CEFC las empresas adjudicatarias.

AUMENTE ACUSA A POPULARES Y AL Cs DE IR EN CONTRA DE LA CIUDAD

Por otra parte, Emilio Aumente, concejal delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, ha criticado este miércoles que el PP y Cs votaron ayer en la Diputación en contra de los intereses municipales, al oponerse a la adenda al convenio firmado entre la Diputación y el Ayuntamiento, para impedir que se pierdan los 1,5 millones comprometidos por la institución provincial con las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero.

Aumente ha explicado que la adenda -a la que se opusieron PP y Ciudadanos- amplía hasta el 30 de junio de 2020 el plazo concedido para acometer una inversión que, originariamente, se había contemplado para la primavera de 2016, pero que debido a los incumplimientos de la empresa adjudicataria y su posterior concurso de acreedores, ha sido imposible de adjudicar hasta la fecha.

“A la deslealtad del PP y Ciudadanos para con los intereses de la ciudad hay que sumar la irresponsabilidad del PP, bajo cuyo Gobierno se aceptó el regalo envenenado del Parque Joyero, así como la adjudicación de su obra a una empresa fallida”, ha añadido Aumente antes de recordar que “solo por responsabilidad institucional, este Gobierno aceptó continuar con las obras, a pesar de estar convencido de las dificultades que se iban a plantear”.

Respecto a la adenda, el delegado de Presidencia ha indicado que, como novedad ésta encomienda los trabajos a la sociedad Tragsa, lo que viene a representar “un recurso extraordinario para garantizar la finalización de la obra, comprometida hasta ahora, como otras de la importancia de la Normal de Magisterio, por la mala praxis de las empresas adjudicatarias, algo que ha ratificado el propio Consejo Consultivo”.

Emilio Aumente ha recordado a PP y Ciudadanos que “no es lo mismo rescatar una obra que hacerla de nuevo”. Además, ha querido dejar claro al PP que el hecho de que sea la sociedad pública Tragsa la que asuma el fin de la obra, no implica “salvarle la cara al Ayuntamiento” sino salvársela al PP que la adjudicó a una empresa incapaz de cumplir sus compromisos”.

Respecto a las declaraciones del portavoz de Ciudadanos, José Luis Vilches, Aumente asegura que Tragsa no se convierte así en competencia del sector privado, ya que, si las empresas a las que se adjudican las obras públicas en función de sus ofertas, cumplieran con sus compromisos, no estaríamos en esta situación. Lo que no se puede consentir, es el chantaje permanente al que las administraciones están siendo sometidas por muchas de las empresas adjudicatarias de obras públicas”.

“Lamentablemente una empresa pública tendrá que ser de nuevo quien solucione un problema que el sector privado no ha sido capaz de resolver”, ha concluido.