El alcalde de Lucena, Juan Pérez, se ha mostrado satisfecho por la sentencia que condena a la Junta al pago al Ayuntamiento de 1.048.000 euros más intereses, es decir, algo más de un millón y medio de euros, por los terrenos municipales ocupados pos la Autovía del Olivar. Pérez recuerda que son seis años de trabajo en este tema y que el Tribunal le ha dado la razón al Ayuntamiento de Lucena al entender que la expropiación no se hizo como debiera. El alcalde señala que este dinero va a permitir al Ayuntamiento acometer una serie de actuaciones que no se podrían realizar de otra manera, aunque desconoce exactamente el destino que podrá dársele, si bien será posiblemente el relacionado con el patrimonio municipal del suelo. Juan Pérez explica que, aunque es verdad que fue Izquierda Unida quien inició la reclamación, luego fue el Pleno el que unánimemente tomó la decisión de acudir a la justicia y posteriormente el tema ha sido llevado por los técnicos municipales. Pérez considera que lo importante es que se ha satisfecho una demanda de los ciudadanos.

IZQUIERDA UNIDA /Por su parte, IU ha ofrecido una rueda de prensa en la que su portavoz municipal, Miguel Villa, ha recordado que en la anterior etapa municipal su grupo gobernó con el PSOE y que entonces llevaba la concejalía de Obras, resaltando que ha sido Izquierda Unida quien tomó la iniciativa desde un primer momento. Cabe destacar que la mencionada sentencia puede ser recurrida por parte de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional.

En este sentido, Villa ha puesto de manifiesto que dicha sentencia «es taxativa», añadiendo que «es irrelevante» cualquier aspecto que tenga que ver con la indefensión de la Junta en los tribunales.

Sobre el destino que puede darse al millón y medio de euros por parte del Ayuntamiento, Villa ha señalado que «estaríamos hablando de patrimonio municipal de suelo», si bien este tema deberá ser estudiado por los servicios jurídicos municipales. El portavoz de IU ha insistido en que fue su grupo quien denunció desde primera hora lo que siempre estimó que era una vulneración de los derechos e intereses del municipio lucentino.