El Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera aprobó anoche en sesión ordinaria una propuesta de alcaldía para presentar cuatro denuncias por presunta responsabilidad penal contra los exalcaldes Antonio Guisado Adame y Juan Antonio Fernández Jiménez, que gobernaron bajos las siglas del PSOE entre 1987 y 2003, y 2007 y 2015, respectivamente. Salió adelante con los votos de IU, Olivo, PP y Jóvenes por La Colonia. El PSOE votó en contra.

Las demandas, dos a cada exregidor, se plantean por irregularidades urbanísticas corroboradas por sentencias judiciales, en el caso de Guisado, y por irregularidades administrativas en contratos municipales en el caso de Fernández. Según comentó el alcalde colono, Francisco Javier Ruiz, «el Ayuntamiento está obligado por ley a reclamar los intereses legales derivados de los dos expedientes de Antonio Guisado, así como los de ambos expedientes de Juan A. Fernández para cumplir un acuerdo plenario por solicitud de los grupos de la oposición y tras un informe de Secretaría». Los procedimientos del exalcalde Guisado se remontan al año 2002. El primero, por el que el Consistorio le reclamará 2.260 euros, se refiere a la enajenación de varias parcelas y naves municipales, entre las que se encontraba un solar junto al Juzgado de Paz, que fue permutado con una parcela rústica propiedad de Josefa Téllez mediante un contrato entre esta y Guisado en enero de 2002, por el que esta vecina abonó una demasía de más de 9.000 euros al Ayuntamiento. En 2007, una sentencia del TSJA anuló y dejó sin efecto el citado acuerdo como consecuencia del incumplimiento de los trámites, requisitos y procedimientos legalmente necesarios.

El segundo procedimiento sobre Guisado tiene que ver con las irregularidades de un contrato de compraventa de una nave municipal en diciembre del 2002, sobre el que recae una sentencia de octubre del 2016 que falla que la nave no era de propiedad municipal y condena al Ayuntamiento a pagar al empresario local José Albalá los 48.080 euros que abonó entonces más los intereses legales generados desde enero de 2013 hasta que se efectúe el pago. Esta cantidad, que se estima en unos 11.000 euros, es la que se reclamará a Guisado.

En cuanto a los expedientes de Juan Antonio Fernández, uno de ellos tiene que ver con una obra en el edificio municipal del terreno contiguo al Juzgado de Paz, la cual el exalcalde socialista autorizó en el pasado mandato sin la existencia de contrato de adjudicación. Se trata de un contrato de obra menor que firma Fernández por decreto con un presupuesto de 30.000 euros. Al descubrirse la irregularidad, se paraliza la obra y el Ayuntamiento abona a la empresa 20.218 euros. También, Fernández contrató a una empresa para que realizara una valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento, a petición del comité de empresa. Esta labor no se concluyó, y ya en la presente legislatura, se supo que el Ayuntamiento pagó 18.000 de los 21.000 euros del contrato. El alcalde, Francisco Javier Ruiz, señaló a este periódico que «el objetivo no es otro que recuperar el dinero de los ciudadanos».