El sindicato CTA ha interpuesto en los dos últimos años un total de 176 denuncias por supuestos incumplimientos del convenio colectivo por parte de distintas empresas en la provincia cordobesa, la mayoría por "no dar de alta en la Seguridad Social, no pagar los salarios y por jornadas superiores a las establecidas en convenio", y ha lamentado que "la labor de la Inspección de Trabajo deja mucho que desear porque contestan a las denuncias de un año para otro".

Así lo ha expresado en una rueda de prensa el secretario general de CTA, Francisco Moro, acompañado por el secretario de CTA en el Bajo Guadalquivir, José Parras, quien advierte de la competencia "desleal" en el campo, después de que se firmara un "mal" convenio para los trabajadores, que "ni siquiera se cumple", y pide que la Fiscalía abra "una investigación general" a todas las empresas agrarias por supuestas irregularidades y acabe así "con el fraude generalizado en el campo".

Entre algunos de los casos, Moro ha citado el de la empresa valenciana de una finca de naranjas en Ochavillo del Río, que pertenece a la localidad cordobesa de Fuente Palmera, contra la que interpusieron una denuncia por las condiciones de trabajo con "jornadas de once horas pagando 28 euros el jornal" o con "trabajadores de nacionalidad rumana sin estar dados de alta en la Seguridad Social", entre otros aspectos.

Al respecto, la Inspección de Trabajo les contestó que "comprobó los hechos" y la Fiscalía ha dado la razón a CTA, de manera que ha llevado la denuncia ante los juzgados para tramitarse por la supuesta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Igualmente, alude a otra empresa de la cebolla de Palma del Río, "que pagaban 20 euros el día", reprocha el sindicalista, quien lamenta que es "una situación generalizada en el campo", y ante ello destaca que las movilizaciones que se han celebrado "iban encaminadas a que la Fiscalía abriera una investigación general".

Por otra parte, resalta que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les ha dado la razón tras una demanda que interpuso CTA a 38 empresas agrarias, por atrasos en abonos ante la subida del convenio colectivo del 1 de diciembre de 2013 al 14 de marzo de 2014, y cuya causa fue archivada "por dos veces"; si bien ahora el Alto Tribunal andaluz pide al Juzgado de lo Social que dicte una nueva resolución, tras "esgrimir motivos confusos y de parca argumentación". Moro recuerda que el censo agrario cuenta con unos 73.000 empleados.