El presidente de la Asociación de Trabajadores del Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), Manuel Granado Pérez, aseguró ayer ante la juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, que el exsindicalista y conseguidor Juan Lanzas le decía que "representaba" a la Junta de Andalucía. Alaya ha imputado a Granado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. En su declaración ante la magistrada, Granado reconoció que los hechos que se les imputan son "ciertos en parte", que hacía "lo que le decían desde la Junta", que desconocía si el dinero era o no legal, que no conocía a Lanzas antes del ERE, y que éste le decía que las prejubilaciones iban a ser sufragadas por la Junta. El imputado indicó que se dedicó a firmar los documentos que le iban entregando y que hizo lo que indicaron "fundamentalmente" Juan Lanzas y el extrabajador de Vitalia Jesús María Bordallo.

En el auto de imputación, la juez señaló que los antiguos trabajadores del matadero habían agotado su prestación por desempleo y habían pasado más de noventa días, por lo que no podían tener derecho a ser incluidos en un ERE. Entonces, según la magistrada, Lanzas los subió a un autobús y los llevó a la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales, propiedad de su amigo Juan José Viedma, citado también como imputado para hoy. Cuestionado por este aspecto, el encausado ha dicho que creía que los montaron en el autobús para realizar "un curso de formación" previsto para varios días "pero que después se redujo solamente a uno", consistente en conocer las instalaciones. La Fiscalía ha pedido para el imputado una fianza de responsabilidad civil de 17.000 euros más el tercio legal correspondiente, según el escrito. También comparecieron ayer como imputados ante la juez la esposa de Granado, Florencia Romero, que habría percibido hasta 158.000 euros tras ser incluida como intrusa; y el tesorero de la asociación, Domingo Valle Prieto, quien firmó las pólizas en nombre de la asociación junto a Manuel Granado.