Las cuatro mil familias cordobesas que se benefician de la ayuda a domicilio seguro que no comprenderán hoy que los dos grupos mayoritarios en la Diputación de Córdoba no fueran capaces de ponerse de acuerdo ayer para encontrar una solución a los problemas que genera el retraso en los pagos de la ayuda a domicilio. Tampoco lo entenderán las empresas que prestan estos servicios y ven cómo se retrasa el pago. La ayuda a domicilio enfrentó de nuevo a los dos grupos mayoritarios. Lejos de consensuarse una postura común, como defendió el vicepresidente primero (Salvador Fuentes), el PP rechazó finalmente la propuesta presentada por PSOE, IU y Carlos Baquerín (UCOR) y aprobó una moción urgente en la que exigió que la Junta cumpla los compromisos adquiridos en la ayuda a domicilio. Además, anunció que no adelantará ningún importe del 2014 de no recibir antes del 31 de diciembre una resolución de la cantidad que percibirá. La moción contempla denunciar el convenio y propiciar un nuevo acuerdo que garantice "mecanismos de pago ciertos". Incluso, prevé la posibilidad de reclamar por la vía judicial a la Junta la deuda contraída. La delegada de Bienestar Social de la Diputación, Dolores Sánchez, indicó que la institución provincial ha adelantado a los ayuntamientos en lo que va de año 16,2 millones de euros correspondientes al programa de ayuda a domicilio. Sánchez afirmó que la Junta ha ingresado hasta ahora "solo 2,4 millones correspondientes a un tercio del primer bimestre y al 50% del tercer bimestre". Mientras que UCOR votó a favor de la moción del PP, IU y PSOE la rechazaron. El portavoz de IU, Francisco Martínez, calificó la propuesta de "inadmisible" y pidió que se superasen "debates y enroques". Por su parte, el portavoz del PSOE, Salvador Blanco, dijo que "era la primera vez" que se rechazaba una proposición y se aprueba otra distinta. Ante esta afirmación, Fuentes puso sobre la mesa dos ejemplos de iniciativas presentadas por IU y PP en el 2010 y que fueron rechazadas entonces por el Gobierno del PSOE, presentando propuestas diferentes. "Menos lecciones de democracia. Su partido --refiriéndose al PSOE--, ha hecho barbaridades en esta Diputación", dijo Fuentes. Este posicionamiento coincide con la decisión de ayuntamientos y diputaciones gobernadas por el PP de estudiar la no renovación de los convenios para prestar servicios de dependencia por los "impagos" de la Junta (ver página 31). No obstante, la Diputación sí se acogió al plan de proveedores, ya que el pago de la ayuda a domilicio del 2013 podría verse afectada. La propuesta del PSOE rechazada desaprobaba a la presidenta de la Diputación por el retraso en acogerse al pago a proveedores y pedía que la Diputación adelantara las transferencias a los ayuntamientos.

El desacuerdo también apareció con la moción presentada por IU y Carlos Baquerín (UCOR) en la que se pedía que se mantuviera el carácter público de Epremasa ante la propuesta de privatización de algunos de los servicios que se prestan en la planta de tratamiento de Montalbán. Francisco Martínez (IU) advirtió de que existe un informe en el que se cuestiona que se privaticen los servicios y criticó que se justifique la externalización en la obtención de beneficios. En este sentido, el presidente de Epremasa, Julio Criado, afirmó que continuará el modelo implantado con el PSOE, que llevó a cabo la privatización de algunos servicios. El diputado popular afirmó que Epremasa controlará que se cumpla el servicio y las condiciones laborales.