La adscripción a última hora de la Diputación de Córdoba al nuevo plan de pago a proveedores de la Junta para poder liquidar la deuda del Gobierno andaluz en materia de ayuda a domicilio, que asciende a 9,5 millones, ha calentado el ambiente previo al pleno que se celebra hoy, en el que ese asunto se convertirá en el principal punto de fricción entre PP y PSOE.
El origen del conflicto se sitúa en una moción que, según anunció ayer el portavoz socialista, Salvador Blanco, pretende llevar hoy a debate su grupo en la que critica al equipo de gobierno popular por no haber escuchado en su momento al PSOE cuando pidió hace unas semanas que se acogiera a dicho procedimiento y ahora se hace al última hora.
Al respecto, el vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, dijo a este periódico que si la institución provincial se acoge a este programa es por "responsabilidad social y respeto institucional", ya que la Diputación no es a quien corresponde pedirlo porque no tiene facturas con proveedores ni empresas, sino que es un mero intermediario y añade que si se ha acogido es porque, "a horas de que expirara el plazo", se recibió una recomendación desde la Junta de que si no se acogía no tendría posibilidad de cobrar los 9,5 millones que se le adeudan del programa de ayuda a domicilio.
Así las cosas, y ante la moción que lleva el PSOE, Fuentes ha señalado que se intentará negociar y dialogar para que se retire la misma, porque de lo contrario el equipo de gobierno tiene prevista otra moción en la que plantea no adelantar en el próximo ejercicio ningún importe de la ayuda a domicilio de no recibirse antes del 31 de diciembre la resolución expresa de la cantidad a percibir de la Junta por dicho periodo.
Además, se reclamará a la Junta más diligencia a la hora de cumplir los compromisos en cuanto a los pagos incluidos dentro del convenio de la ayuda a domicilio. El PP se muestra partidario de denunciar el convenio si fuera necesario, una vez cobradas todas las deudas pendientes y propiciar un nuevo acuerdo que garantice mecanismos de pago "ciertos y creíbles, evitando así perjuicios a ayuntamientos, beneficiarios, empresas y trabajadores".
La moción alternativa que tiene el PP dispuesta por si no hay acuerdo también contempla la posibilidad de reclamar por la vía judicial a la Junta la deuda contraída con la institución si así lo exigen las circunstancias.
