El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, mantuvo ayer un encuentro con unos sesenta empresarios de La Carlota, donde expuso las líneas fundamentales de su departamento, sobre todo en materia de apoyo al sector empresarial, y escuchó las inquietudes que los industriales de la localidad colonial le manifestaron.

En su intervención, la principal idea que puso sobre la mesa fue la de la intención del actual Ejecutivo andaluz de desterrar la idea hasta ahora usada de las subvenciones para ayudar a las empresas para sustituirla por la de los incentivos. Es decir, que el dinero que reciban sea a modo de préstamo reembolsable o con cualquier otra fórmula de reversión de los recursos recibidos. Como ejemplo citó una línea para la que se dispondrán de 150 millones en tres años, por medio de la cual la Junta aportaría hasta un 20% del capital inicial de la empresa, que sería recuperado a los 7 años, incrementado en el porcentaje correspondiente del beneficio adquirido o bien descontándole la parte proporcional de las pérdidas, en caso de que las hubiera.

Otro de los aspectos que puso sobre la mesa Sánchez Maldonado fue el del final del rescate bancario, anunciado en estos días, sobre lo que señaló que ya que la sociedad española ha aportado 60.000 millones de euros para este fin, una vez cubierto, los bancos deben responder haciendo posible que fluya el crédito para que el tejido empresarial se recupere.

También se refirió a la intención que tiene su gabinete de minimizar los procedimientos administrativos y burocráticos para la puesta en funcionamiento de las empresas. Esa fue una de las principales quejas que los empresarios carloteños hicieron llegar al consejero, el de la lentitud en la consecución de permisos, informes y demás trámites previos a la puesta en marcha de una empresa, entre ellos también los urbanísticos.

Otra de las cuestiones que sigue preocupando a los industriales y autónomos es precisamente el de la dificultad para conseguir crédito y financiación para sus iniciativas, motivo por el que pidieron que se activara una especie de ICO andaluz, idea que Sánchez Maldonado vio bastante razonable, pero descartando que se trate de un banco público.

También se quejaron los emprendedores carloteños del excesivo gasto que supone para sus negocios la energía eléctrica. Alguno de ellos reclamó al consejero ayudas al respecto. Sin embargo, éste respondió que el asunto de las tarifas energéticas es competencia del Gobierno central y que esta subida es fruto de la presión del lobby empresarial del sector para compensar la bajada de beneficios tras la liberalización y dijo que eso ha tenido como consecuencia el recorte en inversiones para renovables, que es un sector con futuro.

Otras de las demandas de los empresarios estaban relacionadas con la dificultad para recuperar el IVA en sus ventas en el extranjero.