Con cara de cansancio después de dos días en el calabozo, rodeada de guardias civiles y con una chaqueta para tapar sus manos esposadas, Luisa Ruiz llegaba el jueves al juzgado de Instrucción número dos de Peñarroya-Pueblonuevo. La que fuera alcaldesa socialista entre los años 2003 y 2011 salía siete horas después en libertad y con cargos por un delito contra la Hacienda Pública, fraude y falsedad documental.

Ruiz fue detenida en la mañana del martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado --dicen que no pudo ni llevarse el paquete de tabaco-- dentro de la operación Rocket con la que se pretende aclarar el destino de subvenciones del plan Miner, un programa enfocado a la reactivación de las comarcas de la minería del carbón del que se beneficia el Guadiato.

Once registros y 13imputados en un día

Ese día se registró a fondo la casa de la exregidora, la sede del club deportivo que preside su marido --a quien también se interrogó y sobre quien corrió el rumor de que estaba imputado--, las instalaciones la empresa municipal Promociones Industriales y las dependencias del Ayuntamiento, de donde los guardias civiles se llevaron una docena de cajas con documentos. Los fondos del Miner proceden del Estado y de la Unión Europea y al mismo tiempo que Ruiz eran arrestados en Barcelona Carlos Guasch y Ricardo Oliver, vinculados al proyecto del tren turístico del Guadiato. Hasta 13 imputados hay en esta causa en Peñarroya --media docena de empleados municipales--, León, Valencia y la capital catalana.

La recuperación de la vía férrea de Almorchón es un tema recurrente de los políticos que recogen las hemerotecas desde hace casi 20 años. El equipo de gobierno de Ruiz presentó un proyecto de tren turístico que sería una realidad en el 2011, con un coste de 15 millones de euros y con la posibilidad de extenderse a Ciudad Real. Era para una vía de 200 kilómetros con 15 estaciones y paradas, algunas para construir y otras para restaurar. Para ello se firmaron acuerdos con las entidades Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril (CEHF) y la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos (CGFT), esta última dirigida por Oliver y Guasch.

El origen de la operación está en una denuncia que presentó en octubre del año pasado el Ayuntamiento, gobernado desde el 2011 por el PP. La ahora alcaldesa, María Gil, encontró que un disco duro portátil del Consistorio estaba formateado y que contenía unos archivos relacionados con este proyecto que levantaban sospechas.

Disco duro formateadocon muchos archivos

De entrada, que estuviera formateado apuntaba que algo se quería ocultar, y además, los convenios --firmados en el

2007-- no eran muy favorables a las arcas municipales. Los gastos anuales de implantación del tren ascendían a 30.000 euros, una cifra que pagaba el Ayuntamiento, a lo que se suma que el resto de gastos se repartía a partes iguales por los firmantes.

Un segundo convenio se firma en el 2009 para la puesta en marcha de la primera fase del tren. En el articulado se incluye la restauración de tres locomotoras: una de ellas es propiedad de Renfe y cedida al CEFH, y las otras dos las aporta el Ayuntamiento. El coste ascendía a 1,4 millones con cargo al Miner. La empresa municipal Promociones Industriales del Alto Guadiato se hace cargo de la gestión y se pide al Miner el pago de un primer plazo de 371.000 euros, que se abonan. En agosto del año siguiente se solicita el abono del 50% de las obras (742.000 euros), y la CGFT acredita la ejecución.

Vía libre para una locomotora

Llega el esperado 2011, fecha para que el tren circule. El Ayuntamiento dispone del acta de recepción y todo apunta a que el tren está listo para circular. Si embargo, solo hay una máquina disponible y además en no muy buen estado. La locomotora Marta fue recibida con una expectación que se transformó en decepción cuando se comprobó que la restauración había consistido en retoques de chapa y pintura. Las otras dos máquinas estaban en paradero desconocido.

Todo tren turístico que se precie debe tener un vagón restaurante y el del Guadiato le costó al Ayuntamiento 130.000 euros más IVA que se le pagó a la compañía de Guasch. Pero este coche va destinado al Grupo de Desarrollo Rural (GDR) para el Museo de Ferrocarril y no para circular por la vía. El vagón se encontraba en Madrid en un taller de reparación, cuyos dueños insisten en que este coche es propiedad de CEHF.

Por otra pieza de este rompecabezas férreo, esta vez una góndola, se pagaron 18.000 euros en el año 2009 y su estancia en el depósito de Martorell del CEHF costó 25.000 euros. El PP puso en manos de la Guardia Civil numerosa documentación para que investigara el destino que se le ha dado a este dinero que aporta el Miner, un plan en el que consiguió entrar el Guadiato tras reivindicaciones como la marcha negra de 1999. Desde entonces, el Miner ha dejado muchos millones, que no se notan en esta comarca que no sale de la depresión.

Desencuentros en el Ayuntamiento

Los encontronazos entre PP y PSOE en este pueblo vienen de largo. De la época de Ruiz se mantiene un contencioso que llegó a los 6 millones de euros por la gestión del agua, una cuestión que ha enconado aún más las posturas. Con cargo en la ejecutiva regional socialista, recibió fuertes críticas en el 2010 cuando viajó a Bolivia con un grupo de representantes de la mancomunidad para revisar proyectos solidarios e incluyó a su marido --jubilado de Encasur-- como asesor.

A su salida del juzgado estuvo arropada por cargos y militantes del PSOE de la comarca y dice que se le oyó comentar que "ya lo he aclarado todo". No parece coincidir con la opinión del juez, que le imputa tres delitos.