La corporación municipal en pleno, con el voto a favor de PSOE, PA, la abstención de IU, y la declaración de "ausente en votación" del grupo municipal del PP, ha aprobado iniciar el expediente de municipalización del servicio de depuración de aguas residuales, denunciar el convenio suscrito con la empresa de la Diputación provincial Emproacsa y negociar la salida a fecha 1 de enero del 2013.

El alcalde, José Antonio Ruiz Almenara, subraya que "se trata de un problema económico, la gestión de Emproacsa cedida a otras empresas implica un déficit insostenible al Ayuntamiento que no es trasladable al ciudadano porque repercutiría en un 90% en la tasa por este servicio", añadiendo que "la intermediación ha resultado muy costosa y hay que recuperar este servicio público".

El regidor defiende que "el Ayuntamiento no está raptado por ninguna empresa pública, es un tema estrictamente económico". Explica que el canon anual es de 665.000 euros, mientras que la recaudación por este servicio es de 350.000 euros", y resalta que el gobierno municipal esperaba una reducción en la facturación tras la entrada en funcionamiento de la planta de depuración de Pascual, señalando que la firma necesita el 30% del consumo del agua de la ciudad, matizando que "la reducción no ha llegado".

El PA ha indicado que las razones que conducen a la salida están en el ahorro en la gestión del servicio y que la gestión pública es viable. IU plantea que con la municipalización el agua de lluvia no pasaría al contador, y el portavoz del PP, Salvador Fuentes, indicaba en el debate plenario que "tengo el deber de cumplir lo pactado, firmado en el 2008, y vamos a pedir responsabilidades", precisando que "por qué no se ha planteado antes la salida".

ORDENANZAS PSOE y PA han sacado adelante las ordenanzas fiscales, que presentan una súbida del 3% del IBI Rústico, un euro por hectárea; y un incremento del 3% en la tasa del agua potable, un 2% en la recogida de residuos sólidos urbanos y una subida mínima en la depuración y que afecta a los tramos de mayores consumidores.

IU ha votado no defendiendo la congelación de los precios públicos y ha incluido bonificaciones en tasas de actividades de ocio y deportivas. El PP tampoco ha apoyado las ordenanzas defendiendo un ajuste de coste en la gestión y funcionamiento.