El ministerio fiscal ha solicitado una pena de multa de 1.500.000 euros para el promotor de la obra del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Puente Genil al considerarlo responsable de un delito de aprovechamiento de información privilegiada. El caso, por el que la Audiencia Provincial ya exculpó al alcalde, Manuel Baena, y nueve ediles de un supuesto delito urbanístico, ha entrado esta semana en reparto en un juzgado de lo Penal de Córdoba y llegará a juicio, previsiblemente, en abril.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, el 17 de febrero del 2004, Manuel Baena, alcalde de Puente Genil, suscribió un protocolo de colaboración con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese) para la construcción de una nueva casa cuartel, para cuyo fin el Ayuntamiento aportaría el terreno, asumiría la construcción y calificaría de uso residencial el suelo que ocupaba la actual. Tras desplazarse a la localidad un técnico de la Guardia Civil y visitar varios terrenos, finalmente, el 24 de marzo del 2004, le comunicó a Baena que el solar elegido era la finca Las Flores, exigiéndose 6.000 metros cuadrados de superficie mínima para construir.

No obstante --siempre según el escrito del fiscal--, antes de la firma del protocolo con la Giese, el acusado fue informado por el alcalde de todos los detalles de la negociación y, "en el convencimiento de que él iba a ser la persona a quien se le adjudicara la obra", el 19 de febrero del 2003 firmó un acuerdo con una cadena de supermercados por la que esta se reservaba el derecho de arrendamiento de las instalaciones del antiguo cuartel cuando este fuera adquirido por el acusado tras la desafectación del mismo por Interior y su adjudicación al Ayuntamiento.

Así las cosas, una vez comunicada al Ayuntamiento la elección por la Guardia Civil de la finca Las Flores, el acusado "se apresuró a adquirirla" firmando el 15 de abril del 2004, tan solo 22 días después de la comunicación, un contrato por el que compraba la finca por 245.000 euros. La finca tenía 9.100 metros cuadrados de suelo rústico. De esta manera, prosigue el fiscal, como sabía que la superficie requerida era de 6.000 metros cuadrados y que se iba a modificar el terreno a suelo urbano, el acusado esperaba sacar beneficio de la venta del terreno sobrante.

Inmediatamente después, el acusado, dice el fiscal, comenzó las obras "sin licencia ni adjudicación legal", pero con motivo de una inspección solicitó la licencia el 5 de abril del 2005, concediéndose el 20 de abril, "un día después de que el acusado suscribiera con el alcalde un protocolo de colaboración por el que se le adjudicaba la obra del nuevo cuartel, estando la obra ya prácticamente terminada, sin que el Ayuntamiento de Puente Genil aparentemente se obligara a pagar cantidad alguna, ni asumiera ninguna obligación, salvo la de ceder las instalaciones del antiguo cuartel al acusado".

Así, el 2 de diciembre del 2005 suscribió con la cadena de supermercados un contrato de arrendamiento del antiguo cuartel por el que aquella pagaría una renta mensual de 18.000 euros durante 50 años, entregando en depósito 540.900 euros. Por otro lado, el 8 de julio firmó un contrato de venta de los 3.000 metros cuadrados que excedían de Las Flores por 300.500 euros. "Se calcula --apunta el fiscal-- que los beneficios que el acusado esperaba obtener con tales operaciones ascienden a 956.991 euros".