El conflicto abierto en el Consorcio de Bomberos de Córdoba por el agujero económico detectado por el actual equipo de gobierno, que asciende a unos 15 millones de euros en total de anteriores legislaturas, entre deuda a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, atrasos e intereses, podría haber entrado en la senda del desenlace, tras la controvertida junta general celebrada ayer. Para ello era necesario que puedan asumir las funciones delegadas de tesorero e interventor los de la Diputación para empezar a trabajar en la elaboración de estrategias y planes de viabilidad que encaucen la situación y garanticen el mantenimiento del consorcio.

Pero junto a este aspecto, hubo otro que fue el que generó la mayor discrepancia entre los alcaldes del PSOE e IU y el equipo de gobierno del PP. Se refería al compromiso asumido por el vicepresidente de la Diputación, Salvador Fuentes, sobre el pago de la parte inaplazable de la deuda por parte de los ayuntamientos. Para los alcaldes de la oposición las actas de las sesiones anteriores no responden al compromiso establecido, pues señalan que Fuentes aseguró que la Diputación asumiría el pago de dicha parte inaplazable de la deuda, mientras que el PP dice que el compromiso consistía en adelantar dicho pago, que asciende a unos 224.000 euros, para aliviar a los ayuntamientos de tener que hacer ahora el desembolso, para pagarlo después. Los alcaldes de PSOE e IU se quejaron de que las actas de las reuniones del mes de mayo no recogen la realidad del compromiso y por eso se negaron a aprobarlas, ya que creen que el PP primero ofrece una cosa y luego hace otra. Sin embargo, se validaron gracias al voto ponderado de la Diputación, que suma el 51% del total y los alcaldes del PP. No obstante, el equipo de gobierno dijo que estudiará si hay alguna manera de asumir dicho coste.

Sobre la incorporación del secretario y el tesorero, dijo Manuel Gutiérrez (PP) que una larga negociación con la Junta ha retrasado tal medida y que ahora, una vez aprobado por la Junta General del Consorcio, se ha de remitir para que en los próximos días se dé por buena y efectivamente se pueda trabajar en buscar la salida a la situación.

En la misma sesión se dio cuenta de la denuncia ante la Fiscalía sobre la actuación del anterior gerente y se explicó la negociación mantenida con Hacienda acerca de la deuda, sobre lo que se ha solicitado un aplazamiento a ocho años y la condonación, con una serie de alegaciones legales, de la sanción prevista.