El Ayuntamiento de Palma del Río ha iniciado una revisión del parque de viviendas sociales ante la actual situación económica y "la necesidad de vivienda de muchas personas", según ha precisado Reyes Lopera, teniente de alcalde de Bienestar Social. Este planteamiento ha conducido a que la Corporación municipal apruebe en pleno --con el voto de PSOE, PP y PA y la abstención de IUCA-LV-- tres desahucios administrativos, dos en la calle Amor de Dios y uno en la calle Uruguay. El alcalde, José Antonio Ruiz Almenara, explica que "no se trata de desalojos, son viviendas que están vacías según informes técnicos, y el problema es que las familias no entregan las llaves". En este sentido, el Ayuntamiento informa que se trata de desahucios administrativos en tres viviendas sociales gestionadas por el Consistorio, dado que no son la residencia efectiva de los respectivos titulares de los contratos de arrendamiento, y que actualmente se encuentran deshabitadas. El objetivo es adjudicarlas a familias en situación de necesidad.
La revisión del parque de viviendas sociales se está ejecutando, según señaló Lopera, gracias a la labor de Policía Local, el Servicio Jurídico de Urbanismo y los trabajadores sociales del Instituto Municipal de Bienestar Social.
En estos momentos el registro municipal de demandantes de viviendas protegida contabiliza 619 inscripciones activas. El Ayuntamiento gestiona 193 viviendas sociales --113 de titularidad municipal y 80 de titularidad autonómica-- y a esta cifra hay que añadir las viviendas que gestiona la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Ruiz Almenara informó al Pleno de la situación que atraviesa el servicio municipal del ciclo integral del agua. Por un lado, planteó la salida de Emproacsa y asumir la depuración de aguas residuales si Emproacsa no renegocia el canon de la depuración de aguas residuales, que asciende a 650.000 euros, cuando las arcas municipales recaudan por este servicio 360.000 euros. Además, alerta del riesgo de una privatización del servicio, ya que se trabaja en una modificación para que los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes privaticen si hay déficit. En cuanto al abastecimiento de agua, anunció que "podríamos llegar a un contencioso administrativo ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de no subsanarse una liquidación de 285.000 euros". Subraya que esta factura llegó en febrero del 2012, cuando en octubre del 2011, bajo la Agencia Andaluza del Agua, la factura fue de 129.000 euros.
El Pleno aprobó una declaración institucional, a iniciativa de HOAC, por el accidente laboral que acabó con la vida de un hombre en El Carrascal.
