El vicepresidente primero de la Diputación y delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, y el presidente del Consorcio de Bomberos, Manuel Gutiérrez, anunciaron ayer la remisión al Ministerio Fiscal de la documentación relativa a tres nuevas presuntas irregularidades detectadas en el funcionamiento del Consorcio de Bomberos. Entre ellas figura el desvío de 546.021 euros del presupuesto de la empresa provincial a cuentas particulares, entre ellas la del exgerente del consorcio.

Salvador Fuentes ha explicado que de esta cuantía total, desviada entre 2007 y 2011, un total de 112.379 euros eran transferencias ficticias a una empresa de limpieza y 125.840 se desviaron de la plataforma donde se realizan las operaciones de repostaje de gasoleo. Del mismo modo, ha destacado que también se desvío a cuentas particulares en concepto de proveedores, por suplementos pendientes de justificar y por "horas extraordinarias que el gerente no podía cobrar" por un importe de 127.000 euros entre los años 2001 y 2006.

A este respecto, el responsable de Hacienda de Diputación ha subrayado que "durante estos años se ha actuado con muy poca transparencia, supervisión e inquietud por parte del gobierno de la Diputación, creándose toda una ingeniería contable para desviar fondos del presupuesto del Consorcio". En este punto, Fuentes se ha preguntado "dónde están los responsables políticos de la Diputación en un gran escándalo al que tienen que dar respuesta".

Por su parte, el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Gutiérrez, ha informado de la existencia de otras presuntas irregularidades en la praxis contable del Consorcio. Así, ha insistido en que se ha actuado "de manera irregular, ilícita e ilegal por falsedad en documento público" al hallarse nóminas con conceptos no acreditados por los que el exgerente recibía dinero. En concreto, se ha referido Gutiérrez a más de 2.000 horas extraordinarias por importe de 127.860 euros.

Gutiérrez ha explicado, también, la remisión al Ministerio Fiscal de un presunto delito de prevaricación por la existencia de cuatro efectivos en el Consorcio --cuya entrada en el mismo se produjo en los años 1999, 2003, 2006 y 2007-- que entraron en la empresa provincial sin tener el apto del servicio médico de la institución.

"Hay una presunta prevaricación, estando cuatro personas quitando el puesto de trabajo a quien sí es apto, a quien se había preparado y reunía todas las condiciones para poder trabajar", ha subrayó Manuel Gutiérrez.