El gobierno del PP y los dos principales grupos de la oposición (PSOE e IU) en la Diputación de Córdoba han coincidido este jueves en ver como algo positivo que, desde ahora, sea la justicia la que "esclarezca", permita conocer "la verdad" y determine "las responsabilidades" que correspondan por las supuestas irregularidades económicas y administrativas detectadas en la gestión del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios.

Así se han pronunciado, respectivamente y a preguntas de los periodistas, los portavoces del PP, Andrés Lorite; del PSOE, Salvador Blanco, y de IU, Francisco Martínez, a raíz de que la Fiscalía de Córdoba, tras denuncia previa de la propia Diputación, haya visto indicios de delito y haya remitido, por ello, al Juzgado de Posadas (Córdoba), la forma en que se ejecutó en 2009, por valor de 262.000 euros y supuestamente sin los procedimientos administrativos preceptivos, la ampliación del Parque de Bomberos de La Carlota (Córdoba).

También quiere el fiscal que el juzgado maleno investigue si hubo delito en la firma en 2011 de una póliza de crédito a corto plazo para asegurar la tesorería del consorcio por parte del entonces gerente, Antonio Navarrete, sin que supuestamente estuviera autorizado para ello, mientras que, al Tribunal de Cuentas, el fiscal ha remitido todo lo relativo al impago de las cuotas a la Seguridad Social entre 2003 y 2012, en diferentes periodos y por valor de varios millones de euros.

Ante esto, el portavoz del PP en la Diputación, Andrés Lorite, ha recordado que fue el actual gobierno popular el que descubrió este mismo año la existencia en el consorcio de un "agujero" de unos 14 millones de euros, que ha recibido el PP como "herencia envenenada del PSOE (anterior gobierno)" y que es fruto de supuestas irregularidades en la gestión, de las cuales dio cuenta el gobierno del PP, primero a la oposición y luego a la Fiscalía, mientras que ahora, tras llegar el asunto al Juzgado de Posadas y al Tribunal de Cuentas, lo que cabe esperar, según ha señalado Lorite, son "decisiones judiciales que hagan que todo se esclarezca y que hagan que se asuman las responsabilidades que competan".

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Diputación, Salvador Blanco, ha subrayado, dado que el asunto está ya en manos de la justicia, que "no hay mayor garantía" que esa para lo que todos desean, que es "conocer la verdad" de lo ocurrido en el consorcio, añadiendo que no le ve sentido, por otro lado, a que se abra una comisión de investigación sobre este tema en la Diputación o el consorcio (controlado en un 51% por la institución provincial), precisamente porque ya se está investigando en el ámbito judicial, de modo que "cuando sepamos la verdad", por boca de la justicia, "será el momento de que se asuman responsabilidades".

De distinta opinión en este último aspecto es, por su parte, el portavoz de IU en la Diputación, Francisco Martínez, quien, si bien está de acuerdo con Lorite y Blanco en que sean "los jueces" quienes se ocupen de dirimir "las responsabilidades que haya en el ámbito jurídico" por este asunto, también es necesario, a su juicio, que se constituya en la Diputación una comisión de investigación, para determinar igualmente "las responsabilidades políticas" a que hubiera lugar, si bien ha aclarado que no es IU la que debe pedir la creación de dicha comisión, sino que corresponde al gobierno del PP en la Diputación el promoverla.