La Fiscalía de Córdoba ha remitido al Juzgado de la localidad cordobesa de Posadas y al Tribunal de Cuentas la investigación que inició a principios de mayo sobre las supuestas irregularidades detectadas en la situación económica y financiera del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación, que, según el gobierno del PP, cuenta con un 'agujero' de unos 15 millones de euros, y en la ampliación del Parque de Bomberos de La Carlota.

En declaraciones a Europa Press, el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, ha indicado que "ahora se va a iniciar una actuación por la Autoridad Judicial", de modo que "lo más importante es que se investiguen los hechos para llegar al fondo de ellos", para posteriormente determinar los tipos de delitos supuestamente cometidos.

Así, según detalla, "hay tres aspectos, dos de ellos se remiten al Juzgado que corresponde, en este caso al de Posadas, para que se tramiten diligencias con petición de que se desglosen dos causas distintas", y un tercer supuesto hecho delictivo en relación a "la posibilidad de que haya responsabilidad contable", que eso lo juzga exclusivamente el Tribunal de Cuentas, por lo que se ha remitido una copia a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que "examine sus competencias y saber si tiene que reclamar alguna indemnización a alguien que ha actuado indebidamente y ha causado algún daño al patrimonio público".

Todo ello en base a la documentación remitida al Ministerio Público por el propio Consorcio de Bomberos y donde "hay indicios de dos tipos de delito", aunque sin especificar cuáles, de ahí que el fiscal pide que "se desglose en dos causas distintas en el juzgado".

SUPUESTOS HECHOS DELICTIVOS

Al respecto, los supuestos hechos delictivos que se investigan son en relación a las supuestas irregularidades contables "o falta de abono de las cuotas de la Seguridad Social durante los años 2003 a enero de 2012, en diferentes períodos, tanto de las cuotas empresariales como de las correspondientes a las retenciones efectuadas a los empleados".

Asimismo, se investigará la firma de una póliza de crédito a corto plazo para asegurar la tesorería del Consorcio, dado que el informe jurídico de la Diputación concluía que el contrato fue firmado por el gerente del Consorcio, "sin que el mismo ostentase la condición de secretario", una condición que supuestamente asumió "ilegalmente".

Por otra parte, se encuentran las obras de ampliación del Parque de Bomberos de La Carlota que se ejecutaron "sin haberse efectuado tramitación administrativa alguna", todo ello durante el anterior gobierno del PSOE en la Diputación.

Todas la irregularidades detectadas apuntan, según un informe jurídico de la Diputación, a la presunta implicación en estos hechos del exgerente del Consorcio de Bomberos del organismo provincial Antonio Navarrete.