El presidente de Epremasa y diputado provincial de Agricultura, Julio Criado, advirtió ayer del problema ambiental en el que se encuentra el vertedero de escombros de Villanueva del Duque al responder a una cuestión que le hizo el diputado socialista Luciano Cabrera en el pleno de la Corporación provincial. Cabrera preguntó si la Diputación estaba dispuesta a cumplir el convenio firmado en 1998 para asumir la gestión del citado centro. Criado respondió que es una instalación "incontrolada que no cumple la normativa ambiental", por lo que considera que hay que cerrarlo. Sin embargo, el alto coste que implica el sellado, que Julio Criado estimó en unos 2,5 millones de euros, provoca que Epremasa "no se pueda hacer cargo de esa situación".

El centro de gestión integral de escombros de Los Pedroches está gestionado por la mancomunidad tras el acuerdo que se firmó a finales de los años noventa entre la Junta de Andalucía, los municipios de la zona y la Diputación. En ese convenio se establecía que una vez que se hubiera ejecutado el proyecto, la gestión pasaría a Epremasa. Sin embargo, como dijo ayer Criado, "nunca se dio el paso para que la mancomunidad cediera la gestión". Además, el presidente de Epremasa indicó que se están produciendo "vertidos incontrolados fuera del área establecida". "Nosotros prestaremos asesoramiento técnico, pero no podemos asumir la gestión porque es inviable", añadió Criado.

Un informe elaborado en enero del 2011 y firmado por el anterior director-gerente de Epremasa, Blas Molina, concluía que el citado centro se había convertido en un vertedero "no acondicionado e ilegal de residuos cuya restauración, dada la superficie y volumen ocupado, supondría un elevado coste económico". Además, advertía de que el número de no conformidades en la tramitación de la autorización ambiental integrada (AAI) "impiden ejercer la gestión de las instalaciones".

El citado documento remarca que se produjo una sanción de la Consejería de Medio Ambiente por valor de 24.051 euros. Por ello, concluye que, de asumir la Diputación la titularidad de esta instalación en las circunstancias en las que se encuentra, "puede suponer asumir importantes responsabilidades legales, económicas y ambientales".