La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía ha recibido la oferta de tres uniones temporales de empresas (UTE) para el concurso de construcción, conservación y explotación del tramo Lucena-Estepa de la Autovía del Olivar (A-318), que tiene un presupuesto base de 307,6 millones de euros para su ejecución.

Tras dos aplazamientos de la fecha límite para la presentación de ofertas, fijada inicialmente para el 23 de diciembre pasado, once son las empresas que se han presentado, agrupadas en tres UTE, dos de las cuales están participadas por firmas cordobesas --Magtel y Jícar--. Los grupos empresariales están liderados por grandes constructoras nacionales, aunque, junto a las dos cordobesas, hay otras tres con capital principalmente andaluz.

La Agencia de Obra Pública, dependiente de la Junta de Andalucía, ha recibido las ofertas de Sacyr, Cointer (filial de Azvi) y Magtel, por un lado; OHL, Construcciones Vera, Ingeconser y Jícar, por otro; y finalmente una tercera oferta la ha presentado el grupo formado por Isolux Corsán, Infrared, Obras Generales del Norte y Vimac.

Fueron las propias empresas interesadas las que, según apuntó entonces la Junta, pidieron el aplazamiento de la fecha límite de presentación de ofertas dada "la dimensión y alcance técnico y económico" del proyecto. Pretendían con ello, según informó ayer la Administración autonómica, conformar ofertas con solvencia técnica y financiera atendiendo al periodo de crisis que se atraviesa. De hecho, la fórmula de colaboración público privada requiere que las empresas anticipen la inversión en la infraestructura, aunque posteriormente la recuperarán a través del pago por disponibilidad de la Administración, que se efectuará con carácter anual a partir de la puesta en servicio de la autovía y durante el periodo de concesión (30 años).

La firma concesionaria asume, además de la construcción, la explotación, conservación y mantenimiento de la autovía, que precisará de una inversión de unos 105,4 millones de euros en los 30 años que dura la concesión.

La Consejería de Obras Públicas destacó ayer en un comunicado que esta actuación "constituye la mayor licitación del Gobierno andaluz en el ámbito de infraestructura durante la última legislatura" y se aborda a través de la fórmula de colaboración público privada. Su ejecución, que cuenta con un plazo de 36 meses desde la firma del contrato, "tiene asociada una generación de empleo de unos 4.561 puestos de trabajo, de los que 2.643 serán directos", señala la nota.