Según han informado desde la delegación provincial de Turismo de la Junta de Andalucía, una vez que se localizan los negocios que ejercen de manera ilegal, además de tramitárseles la correspondiente denuncia, que oscila entre los 600 y los 1.500 euros, según el caso de atenuante que puedan presentar, se les obliga a darse de alta y regularizar su situación, aspecto en el que se señala que se ha conseguido mejorar el procedimiento flexibilizando los trámites y aligerando todo el proceso de documentación.

De este modo, es la legalización de todos estos negocios lo que ha hecho que la estadística de alojamientos rurales de la provincia se incremente en el último año, ya que en los anteriores ejercicios se había ralentizado el crecimiento, después del boom experimentado hace algunos años cuando florecían las casas rurales en todos los rincones de la provincia.

Uno de los motivos principales de la ralentización de la actividad es, según Rivera, el hecho de que la Consejería ya no subvenciona, como hacía años atrás, la construcción, dotación y puesta en marcha de estos negocios.

Siguiendo con la política de persecución del ejercicio ilegal del hospedaje turístico, la Junta también se ha sumado a la comisión que sobre este asunto se ha organizado en la capital, pero en este caso se trata de localizar los apartamentos turísticos urbanos y pisos de alquiler, que compiten con los negocios de hostelería legalmente establecidos.