El pasado día 25 de febrero el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto Ley por el que se "determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales", lo que, dicho en lenguaje cotidiano, es el procedimiento puesto en marcha por el Gobierno central presidido por Mariano Rajoy (PP) para que los ayuntamientos puedan liquidar las deudas que mantienen con sus proveedores y que en muchos casos tienen estranguladas las cuentas municipales, al no poder los consistorios asumir el pago. La medida pretende poner en circulación en todo el país 35.000 millones de euros, en una iniciativa en la que se ha de contar con el respaldo del sector financiero.
Dada la excesiva carga de deuda que acumulan las entidades locales de España, el Gobierno ha puesto en marcha este mecanismo que en estos días trae de cabeza a alcaldes, concejales de Hacienda e interventores para la puesta al día de toda la documentación necesaria. El procedimiento incluye, además de elaborar una lista completa de facturas pendientes, la redacción de un plan de viabilidad.
Otros intentos
No es este el primer intento del Estado para buscar salida a este problema, como se recoge en la propia introducción del decreto, pues en una primera instancia se "instrumentó una operación especial de endeudamiento y una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial y después una línea de crédito para cancelar deudas con empresas y autónomos, pero ninguna de esas medidas ha sido lo suficientemente eficaz.
El nuevo procedimiento pretende aportar, según se recoge en el decreto, "un mecanismo ágil de pago", lo que permitirá suministrar liquidez a las empresas, apoyar financieramente a las entidades locales afrontando el pago a largo plazo de sus deudas, complementado con la debida condicionalidad fiscal y financiera".
La opinión de los alcaldes
Esta medida, a la que se acogerán gran parte de los consistorios cordobeses, ha sido interpretada de diversa manera por los responsables municipales, puesto que aunque son bastantes los que reconocen que es una manera de aliviar la situación de empresas y autónomos, así como que servirá para dar cierto oxígeno a los ayuntamientos, hay otros que no acaban de ver claro el procedimiento, aunque lo acaben asumiendo y cumplimentando el dossier que requiere el Ministerio.
De ese modo, hay algunos alcaldes, como el de Rute, Antonio Ruiz (PSOE), o la de Baena, María Jesús Serrano (PSOE), que creen que es en cierto modo una "intervención encubierta de los ayuntamientos por parte del Estado" y una "injerencia en la autonomía local", indica Serrano. Por su parte, Esteban Morales (PSOE), primer edil de Puente Genil, localidad que se acogerá a este procedimiento para poder aliviar su situación, señala que cree que, pese a no conocer en profundidad la norma, "va a suponer modificar una deuda a corto plazo para transformarla en otra a largo plazo".
Por su parte, Fernando Priego (PP), alcalde de Cabra, saludó efusivamente este mecanismo, que calificó como "una gran medida para ayudar a los pequeños y medianos empresarios, ya que creo que así sí ayudamos a salir de la crisis y evitará el cierre de pequeños negocios y el despido de trabajadores".
Los beneficiarios
Según se recoge en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, pueden acogerse a este nuevo mecanismo los proveedores que tengan obligaciones pendientes de pago con entidades locales o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes. Esas facturas deben reunir varios requisitos, que son ser vencidas, líquidas y exigibles, anteriores al 1 de enero del 2012.
Obligaciones
Para que el Ministerio dé curso a las peticiones, los ayuntamientos tienen que enviar al mismo una relación completa de las facturas pendientes, para identificar el volumen real de la deuda. Asimismo, una vez confeccionado el listado de facturas, el consistorio debe abrir un plazo de exposición pública para que los acreedores puedan comprobar su inclusión en la citada lista.
Plan de ajuste
Además, acogerse a este procedimiento lleva implícito que la entidad local en cuestión asuma una operación de endeudamiento a largo plazo y la obligación por parte de la corporación local de aprobar un plan de ajuste económico que garantice la sostenibilidad financiera de la operación y deberá tenerse en cuenta en la elaboración del presupuesto municipal. Posteriormente el Ministerio deberá emitir su valoración al respecto.
Una vez estimado positivamente, se entenderá autorizada la operación de endeudamiento prevista. Esta operación asumida por el Ayuntamiento podrá conllevar la cesión al Estado de los derechos en cuanto a participación en los tributos del estado. Es decir que este se podrá cobrar la cantidad prestada retrayéndolo de la cantidad prevista para el citado consistorio en los tributos del Estado.
La financiación
El mecanismo de financiación se podrá desarrollar por fases, que no excedan del 2012, pero además en cada una de ellas se podrá fijar un descuento mínimo a ofertar por el contratista. Y aquellos empresarios que figuren en la lista con derecho a cobro podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante presentación al cobro en las entidades de crédito.
Una vez publicado el Real Decreto Ley en el BOE, la mayoría de los ayuntamientos de la provincia se han puesto manos a la obra para recopilar las facturas y elaborar la relación de las mismas para calcular la cuantía total, así como para diseñar el plan de viabilidad para poder presentarlo al pleno para su aprobación y posteriormente al Ministerio, que será el estamento que finalmente dé el visto bueno al procedimiento.
Hay, sin embargo, algunos alcaldes que han anunciado, por distintos motivos, que no harán uso de este recurso, como es el caso de Montilla, Pozoblanco o Montoro.
Montilla
En el primero de estos casos, el del Consistorio montillano, el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Miguel Navarro (PP), explicaba que la administración local "no dispone de facturas impagadas de proveedores con anterioridad al 1 de enero del 2012", motivo por el cual no se hace necesario recurrir a este procedimiento.
Por su parte, el alcalde de Montoro, Antonio Sánchez Villaverde (PSOE), ha señalado que la "deuda del Ayuntamiento al 30 de diciembre con los proveedores es de cero euros" ya que "desde hace muchos años esta corporación ha sido previsora con el pago a sus proveedores y no se les debe ni un euro al 30 de diciembre del ejercicio pasado".
Pozoblanco
En el caso de Pozoblanco, el Ayuntamiento, bajo el pretexto de no acogerse a este procedimiento, ha evitado dar datos acerca de su situación con respecto a los proveedores.
Palma y Lucena
Caso distinto es el de Palma del Río, que durante esta semana está estudiando si se acoge o no a la medida. El alcalde, José Antonio Ruiz Almenara, asegura tener constancia de una deuda estimada en unos 40.000 euros.
Y en Lucena, el viernes se conoció que la deuda que mantenía el Ayuntamiento con sus proveedores a fecha 31 de diciembre se cifra en 1.107.023 euros, sumando lo que corresponde a la propia entidad con la de las empresas municipales Suvilusa, Agil y Aparcamientos de Lucena y el Patronato Deportivo Municipal. En total, son 143 facturas pendientes de abono, casi un centenar de ellas pertenecientes al Ayuntamiento, 21 a Suvilusa, tres de Agil, una a Aparcamientos de Lucena y otra al Patronato Deportivo Municipal.
Puente Genil
Uno de los casos más conocidos es el de Puente Genil, que arrastra una deuda con unos 300 proveedores que supera los cuatro millones de euros. Desde la Alcaldía se informa que aún no tienen claro el plan de viabilidad que han de elaborar antes de final de mes y que debe ser aprobado por el Pleno y después remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, porque el trabajo se está centrando en la recopilación de las facturas y su correspondiente documentación.
Rute
En Rute la deuda que ha presentado el Ayuntamiento asciende a un total de 2,7 millones, aunque en un pleno reciente en el que se abordó el asunto de la deuda que mantenía el consistorio se habló de una cifra que se acercaba a los cinco millones, pero entre ellos existe un grupo numeroso de facturas que no se pueden acoger a este procedimiento, como son los alquileres, subvenciones que da el Ayuntamiento y deudas con otras administraciones, según señala el alcalde, Antonio Ruiz. De las que sí se pueden incluir, la mayor parte corresponde a materiales de obra, combustible o electricidad.
Priego de Córdoba
Algo superior es la deuda acumulada por Priego, donde según ha explicado a este periódico Miguel Serrano (PP), presidente del área de Hacienda, el importe pendiente de pago asciende a 3 millones de euros, gran parte de los cuales se corresponde a servicios y suministros básicos del Ayuntamiento y que el 50% del total corresponde, prácticamente, a 14 o 15 empresas. El edil prieguense señala que con esta medida "vamos a sanear la deuda con los proveedores casi en su totalidad, lo que nos permitirá cumplir en su integridad el presupuesto para el presente ejercicio, amortizando el préstamo de legislatura en dos años".
La Rambla
En la Rambla también se acogerán a este nuevo mecanismo planteado por el Gobierno de Mariano Rajoy para liquidar la deuda que mantiene el Ayuntamiento y que asciende aproximadamente a un millón de euros. El alcalde de la localidad, Juan Jiménez (IU), explica que desde que asumió la gestión municipal el actual equipo de gobierno se ha conseguido rebajar en unos 700.000, por medio de préstamos.
Cabra
Cabra es uno de los ayuntamientos donde se ha recibido con mayor entusiasmo esta medida planteada por el Gobierno central porque, según su alcalde, Fernando Priego (PP), se podrá ayudar a los pequeños y medianos empresarios y aliviar las arcas municipales. El importe adeudado asciende a unos dos millones de euros, pese a que en lo que va de mandato ya se han pagado otros dos millones. En definitiva, señalaba Priego, "es una gran noticia para Cabra".
Baena
En Baena, a falta de algunos flecos, la deuda es cifrada por su alcaldesa, María Jesús Serrano, en 1,5 millones de euros, aunque puntualiza la primera edil que "al Ayuntamiento le deben 3 millones de los fondos Feder". Por lo que la regidora baenense propone que el préstamo que se pida para el pago se pueda ir cancelando en la medida que lleguen los fondos Feder".
La Carlota
En el caso de La Carlota, la alcaldesa, Rafi Crespín (PSOE), señaló que se acogerá a esta nueva medida para poder pagar a los proveedores, con el objetivo de reducir el déficit al máximo posible. La cuantía total de dicha deuda asciende a unos tres millones de euros, aunque la lista de las facturas se estaba concluyendo casi al filo del límite para presentarlas.
Crespín manifestó su malestar por el hecho de que se obligue al Ayuntamiento a pagar sin conocer las condiciones que tendrá el crédito y cree que "la imposición del Gobierno central condicionará mucho los presupuestos municipales". Los conceptos más importantes de la deuda con proveedores que mantiene el Ayuntamiento de La Carlota corresponden a contratos de limpieza viaria y de colegios, y los de suministradores de materiales de construcción para realizar las obras municipales.
Peñarroya
Otro de los ayuntamientos que también ha anunciado que se ha acogido a este mecanismo del Gobierno central para descargar las deudas con sus proveedores es del Peñarroya, presidido por la también senadora María Gil (PP). La alcaldesa ha esbozado las deudas que arrastra el Consistorio peñarriblense, que ascienden a unos 2,5 millones de euros, y explica que, tras concluirse la recopilación de la documentación requerida, ya se ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que a partir de este momento se está ya trabajando en la redacción del correspondiente plan de viabilidad, con la intención de poder responder a las exigencias que marca el decreto.
