El cabo denunciado por el PSOE de Baena no cometió ninguna infracción

Según ha informado este martes la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), esta es la conclusión de un procedimiento que tuvo como inicio que el cabo P.M.G. presentó una demanda contra el alcalde de Baena, Luis Moreno, y contra los tenientes de alcalde Jesús Rojano, María Jesús Serrano y José Calvo, por las declaraciones públicas de los mismos en relación con el llamado caso de las 'facturas falsas' de Baena.

Contestación

En respuesta a dicha acción judicial del cabo, el gobierno municipal socialista de dicha localidad remitió un escrito a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, "órgano que tras la oportuna investigación archivó la denuncia", según AUGC, remitiendo luego el Ayuntamiento baenense otro escrito a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil pidiendo que se sancionara disciplinariamente cabo, "acusándole, entre muchas otras cosas, de vulnerar el régimen de incompatibilidades, al estar trabajando para la empresa Baenex como agente comercial aunque estaba de baja médica (en la Guardia Civil) por motivos psicológicos".

También se le imputaron, según ha recordado AUGC, "otras numerosas infracciones de las previstas en la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil", como la presunta comisión de falta leve por 'la indiscreción en cualquier asunto del servicio', de otra falta leve por 'la omisión del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud, reclamación o queja, relacionadas con el servicio', y de una falta grave por 'la comisión de actos que atenten a la dignidad de las instituciones o poderes del Estado, de las comunidades autónomas o administraciones locales, a las personas o autoridades que los encarnan o a sus símbolos, así como la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil'.

Igualmente entendió el Consistorio que el cabo había incurrido en una falta grave por 'la intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas', en otra por 'hacer reclamaciones o peticiones con publicidad o a través de los medios de comunicación social', habiendo cometido supuestamente también faltas muy graves por 'la violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el desarrollo de la actuación profesional' y por 'el abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos, a entidades con personalidad jurídica, a los subordinados o a la Administración'.

Sin embargo, AUGC afirma que el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, "descartó ese extenso listado de imputaciones y ordenó la incoación de un expediente disciplinario por la posible comisión de una falta muy grave conceptuada genéricamente como 'desarrollar cualquier actividad que vulnera las normas sobre incompatibilidades', procedimiento que ha sido instruido por el asesor jurídico de la Guardia Civil en Andalucía, quien en su propuesta de resolución entendió que no existían elementos suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al expedientado".

Se cierra el expediente disciplinario

Ahora, Velázquez "ha dictado resolución acordando la terminación del expediente disciplinario sin declaración de responsabilidad para el cabo primero", apoyándose en argumentos tales como que, "lo que existía en el caso que se analiza son hechos puntuales, esporádicos y sin acreditación probatoria suficiente... Es importante señalar que todo lo sucedido se encuentra dentro de un contexto de denuncias mutuas efectuadas entre los intervinientes... La entrevista efectuada por el cabo primero al diario 'El Mundo' se sucede como consecuencia de los ataques sufridos por el alcalde de Baena y otros en una rueda de prensa, y el escrito denuncia que da origen a este expediente es como consecuencia, según encabeza el citado escrito, de la papeleta de conciliación que contra el propio alcalde de Baena ha interpuesto el cabo primero... En conclusión, conflictos sobre posibles corrupciones político-económicas, enfrentamiento mediático entre las partes, argucias para implicar al expedientado en conductas irregulares, indicios aislados de posibles actuaciones comerciales del expedientado sin prueba suficiente".

Postura de AUGC

En el expediente disciplinario que se le abrió, el cabo primero ha sido asistido por los servicios jurídicos de AUGC, "porque resulta intolerable que, en represalia por la demanda judicial formulada (por el cabo) el gobierno socialista de Baena haya intentado causarle gravísimos perjuicios en su ámbito laboral, apoyándose para ello en meras suposiciones sin base probatoria alguna. Debe tenerse en cuenta que las posibles sanciones previstas para las faltas muy graves en la ley disciplinaria de la Guardia Civil" prevén medidas tales como la separación del servicio (expulsión del Cuerpo), la suspensión de empleo desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años, o la pérdida de puestos en el escalafón.

En consecuencia, AUGC valora positivamente que el director general de la Policía y de la Guardia Civil "haya hecho justicia desestimando las espurias pretensiones de los denunciantes, aunque hubiera sido deseable una mayor agilidad en la tramitación e instrucción del procedimiento, porque durante todo este tiempo el expedientado y su familia se han visto sometidos a una insoportable incertidumbre y un continuo estado de ansiedad, por las gravísimas consecuencias que podía conllevar para ellos".

Para AUGC, el cabo primero "ha sufrido una persecución sin precedentes y AUGC no puede sino condenar este tipo este tipo de actuaciones contra uno de sus afiliados, por lo que ha puesto a su disposición sus servicios jurídicos para que estos hechos tan graves no vuelvan a producirse".

Por último, AUGC ha recordado que el pasado año se vio obligada a emitir un comunicado "rechazando las acusaciones vertidas públicamente por el PSOE de Baena -a través de su portavoz, José del Valle- contra los guardias civiles que intervinieron en la investigación del denominado caso de las 'facturas', exigiéndole rectificación pública, como así tuvo que hacerlo la agrupación local del PSOE baenense mediante un comunicado".