El debate no solo está abierto entre la clase política. El director del Centro Psicopedagógico Area44, Juan José Millán, ha defendido la educación sexual y los castigos proporcionados y ejemplarizantes como vías para evitar sucesos como el de Baena.

Millán explica que más que rebajar la edad mínima para ser imputado, que actualmente está fijada en los 14 años de edad, lo importante es apostar "por los programas de prevención desde las escuelas, los centros sociales y las familias" para enseñar a los niños los límites claros entre lo que se puede y lo que no se puede hacer.

Otro experto en problemas de menores, Javier Urra, psicólogo clínico y primer Defensor del Menor, advirtió que la frontera entre el bien y el mal "se está difuminando" y afirma que si los culpables no reciben un castigo severo, "el riesgo de que uno de ellos viole de adulto, es altísimo"

Urra incide en que se debe distinguir entre la conciencia, la responsabilidad y la imputabilidad en casos como este, ya que si bien a partir de los siete años de edad "uno es consciente de todo lo que hace", eso no significa que sea responsable de sus actos, ni que los mismos le sean imputables.