La investigación se inició en julio del 2007 cuando un constructor de Baena denunció ante la Guardia Civil que hacía facturas a nombre del Ayuntamiento en las que figuraban trabajos que no había realizado. El constructor acusó, como publicó Diario CORDOBA, a dos funcionarios en su declaración ante la jueza. Presentó como prueba doce facturas por un importe de 40.000 euros. En octubre del 2007, el constructor se retracta y explica que lo hizo inducido por su contable, casada con un guardia civil y cuñada de la concejala María Jesús Muñoz. Sin embargo, la maquinaria judicial ya había echado a andar. La semana pasada declararon como imputados un concejal, dos ex ediles y una funcionaria municipal acusados de una docena de irregularidades urbanísticas.
El abogado, Juan José Losa, dijo ayer que a pesar de que la Guardia Civil realizó más de dos meses de escuchas en ningún momento han surgido elementos que indujeran a solicitar la imputación del alcalde ni de ningún cargo público del Ayuntamiento.
