En un mismo juicio se reunieron ayer los tres últimos alcaldes de Priego de Córdoba. Como imputado, Tomás Delgado, el que fuera primer edil socialista durante 16 años, y como testigos únicamente Juan Carlos Pérez Cabello, el regidor del PA que gobernó hasta mayo de 2007, y Encarnación Ortiz, la actual alcaldesa del PSOE. Además, también acudió como parte testifical el actual delegado de Medio Ambiente de la Junta, Luis Rey, y concejal en el equipo de gobierno de Delgado en 1997.

En la vista, celebrada ayer en el Penal número cuatro de Córdoba, se juzgó a Tomás Delgado, al que la fiscal, en sus conclusiones provisionales, acusa de un presunto delito de prevaricación, por el que le pide ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El Ministerio Público entiende que Delgado cometió prevaricación cuando el Ayuntamiento que él presidía en 1997 contrató los trabajos para la iluminación del Balcón del Adarve y ocupó el terreno de un vecino para instalar unos focos. En su declaración, el ex alcalde socialista aseguró que "desconocía" que se hubiera ocupado un terreno privado cuando se hizo dicha obra, ya que el proyecto no incluía la ubicación exacta de los focos de iluminación. Defiende el Ministerio Público que para ejecutar estas mejoras de iluminación el Consistorio ocupó varios terrenos sin solicitar licencia de construcción, ya que los vecinos dieron su consentimiento verbal.

Sin embargo, el vecino denunciante, J.L.C.L., manifestó ayer que a él no se le trasladó el acuerdo municipal para hacer esta obra y que la vio un día que paseaba, ya que su propiedad está debajo del Balcón del Adarve. Por su parte, Tomás Delgado indicó que no supo hasta que la obra estuvo acabada que la intervención afectaba al terreno del denunciante y a raíz de su primer escrito de queja. Delgado expuso que no hacía un seguimiento expreso de las obras, sino que lo hacían los técnicos. Acerca de este aspecto, el responsable de la empresa eléctrica a la que se adjudicó el proyecto apuntó que aunque en el Ayuntamiento le dijeron que se había pedido permiso a todos los propietarios él lo confirmaba y que no supo que ese terreno era del denunciante, ya que a él le dijeron que era de un prieguense que residía en Barcelona.

Por otro lado, el ex primer edil manifestó que el Ayuntamiento siempre mantuvo la voluntad de llegar a un acuerdo con el denunciante. Añadió que este vecino perseguía una "indemnización" y seguía un "doble juego que me parecía incorrecto, pues negociaba con la Corporación municipal y seguía manteniendo un pleito por prevaricación".

REPOSICION El denunciante interpuso en el año 2001 un recurso contencioso--administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, instancia que ordenó restituir la legalidad alterada en la finca, aunque sin fijar indemnización para el dueño. El ex alcalde declaró que la sentencia no se ejecutó porque seguía la negociación con el vecino para llegar a un acuerdo, ya que fue el propio denunciante el que planteó diferentes opciones que se rechazaron por no ser legalmente correctas. La defensa expuso que, entre esas posibilidades, estaban que se le concediera a este vecino licencia para construir una vivienda y un párking subterráneo o la expropiación por un determinado dinero.