El proceso que Junta y Diputación siguen para construir más de 30 depuradoras para unos 40 municipios va con más retraso del esperado. Al menos eso se desprende de las declaraciones que hizo ayer el delegado de Infraestructuras Municipales de la institución provincial, Juan Torres, que dejó claro que quedan "como mínimo dos años" para que todas estén terminadas y funcionando, cuando el plazo fijado por la UE para las estaciones diseñadas para pueblos mayores de 2.000 habitantes expira el 31 de diciembre del 2005. La esperanza de las dos administraciones es una moratoria que "aún no nos han confirmado". Tanto Junta como Diputación nunca se han mostrado preocupadas por incumplir la fecha límite, pero siempre han hablado de que para entonces iban a estar ejecutándose la mayoría de las plantas o, al menos, licitadas las obras de todas, cosa que, al parecer, es difícil que ocurra.

El diputado explicó que "el 60% de las depuradoras tienen adjudicada la redacción del proyecto y muchas de ellas terminada", con lo que aún quedan proyectos sin elaborar y "todos deberán quedarse encargados este año". Precisó que si esto ocurre en diciembre, "al menos hasta junio del año que viene no estarán acabados y después tiene que salir la licitación y la adjudicación de los trabajos", con lo que éstos no se iniciarán hasta el 2006, fecha a la que habría que añadir lo que tarda en realizarse una planta, "más de un año".

El tiempo durante el que se prolongue la redacción de los proyectos pendientes es el que aprovechará la Diputación "para buscar la financiación que permita licitar y ejecutar las obras". Para eso servirá el canon de mejora contemplado en el convenio firmado hace un año por las dos administraciones. Según Torres, "tenemos que ofrecer ese canon a un banco que a cambio nos dé el dinero para poder hacer las inversiones, que no pueden sacarse del presupuesto de la Diputación porque gravaría su deuda". Emproacsa está estudiando los costes estimados de la depuración y del canon que después aplicará a los usuarios para pagar la parte de las infraestructuras que corresponde a la Diputación (40%). Según Torres, del porcentaje de la Junta (60%) quedan pocas por licitar, mientras que del de la Diputación faltan todas. Con obras encargadas y pendientes de inicio sólo hay 4.