La asamblea general de la Asociación de empresarios de Puente Genil (Asojem) ha acordado apoyar la ubicación en el término municipal de una prisión que podría albergar a mil internos vigilados por 500 funcionarios y 200 agentes de las fuerzas de seguridad.
El colectivo empresarial ha valorado grandemente las inversiones y repercusiones beneficiosas en la localidad y se dirigirá en breve a comerciantes, políticos locales y asociaciones de vecinos para hacerles partícipes de este proyecto.
La asamblea conoció asimismo las condiciones de compra en las parcelas del polígono industrial Huerto del Francés de Puente Genil, ahora en construcción, y las novedades de la próxima edición de Expogenil que se celebrará en el mes de noviembre.
A 8 KILOMETROS
El presidente de los empresarios de Puente Genil, Juan Villafranca, confirmó a la concurrencia la presencia el mes pasado de técnicos de instituciones penitenciarias para comprobar las condiciones que permitan instalar una cárcel en el término pontano, a unos ocho kilómetros del casco urbano. Según dijo el presidente, el alcalde Manuel Baena confirmó esta visita y su postura de no asumir en solitario "el riesgo político de este proyecto".
Esta edificación precisaría unos 350.000 metros de terreno y se valora la parada prevista del AVE. La construcción, en dos años, tiene un presupuesto previsto de 53 millones de euros (3 millones de licencias municipales) teniendo en cuenta que la mano de obra y los materiales procederían de Puente Genil.
Villafranca detalló que los gastos anuales en la localidad serían de 1.200.000 euros en alimentación; 375.000 euros en mantenimiento; 230.000 en fármacos; 195.000 en maquinaria; 104.000 en limpieza; 60.500 en material didáctico y deportivo; 45.000 en compras por recadero; 30.000 en material de oficina; y 10.500 en mobiliario, lo que suma cerca de 2.250.000 euros al año.
La instalación de la prisión conllevaría la provisión de un juez de vigilancia penitenciaria y el incremento de servicios públicos tales como judiciales o sanitarios.
Por último, Villafranca indicó que se ha puesto en contacto con algunas poblaciones que cuentan con instituciones penitenciarias (Alhaurín el Grande, Puerto de Santa María, Ocaña o Albolote) y coinciden en afirmar que desde que está la prisión en funcionamiento en sus pueblos ha disminuido la inseguridad ciudadana.
