La concesión de la licencia a la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) para levantar un almacén de residuos de muy baja actividad en El Cabril "crea una situación muy peligrosa que ha sido facilitada por el Ayuntamiento de Hornachuelos, gobernado por el PSOE", según declaró ayer Andrés Ocaña, coordinador provincial de Izquierda Unida. Ante esta circunstancia, esta formación política ha pedido en el Congreso de los Diputados que el Gobierno mida el nivel de radiación del cementerio nuclear, ya que "la tecnología de comprimir los residuos no reduce la capacidad radiactiva".

Los socialistas "se desdicen de algo a lo que se comprometieron, que era el rechazo a la licencia" y de esta forma se produce "un punto de inflexión que puede permitir que se rompa el statu quo del nivel de almacenamiento de los residuos", expone Ocaña.

El dirigente de la coalición opina que "intuimos que ante las dificultades para construir otra instalación en otro punto del país se esté planificando que El Cabril sea el gran cementerio nuclear de España", a la vez que apunta que las características del centro "han sido modificadas por el Ayuntamiento de Hornachuelos frente al acuerdo del Parlamento andaluz". Según dice, "creemos que esto debe pasar por la Comisión Provincial de Urbanismo" para validar o no esta actuación, y que "desde el plano judicial también tendrá algo que decir" la cámara autonómica andaluza.

Esta instalación complementaria albergará residuos de muy baja actividad que provienen principalmente de la factoría de Acerinox de Los Barrios y de la planta de Siderurgia Sevillana de Alcalá de Guadaira y se calcula que su periodo de vigilancia es de 40 a 50 años, frente a los 300 del resto. Estos productos, según Enresa, tienen un índice radiactivo de 10 bequerelios --unidad de desintegración por segundo--, mientras que se consideran de baja actividad cuando alcanzan los 100.