Un informe jurídico da la razón al Ayuntamiento y dice que la Junta de Andalucía tiene prioridad para comprar los cines de verano de Córdoba

Un informe jurídico municipal insiste en que la Junta de Andalucía estaría por delante del Ayuntamiento de Córdoba a la hora de ejercer el derecho de tanteo para comprar los cines de verano. En la actualidad, los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia están cerrados al público y en manos del empresario cordobés Antonio Amil, que ofreció de nuevo en julio al Consistorio la posibilidad de adquirirlos por 850.000 euros.

Conforme al nuevo informe, evacuado por la Unidad de Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba, el alcalde José María Bellido ha firmado un decreto con fecha 31 de agosto en el que inadmite el recurso de reposición presentado por el propietario de los cines y ratifica su petición para que sea la Junta de Andalucía la que compre estos espacios ejerciendo el derecho de tanteo y retracto de los tres bienes con base en la Ley de Patrimonio.

Cabe recodar que de manera paralela, el regidor también pidió a la Junta que declarase Bien de Interés Cultural (BIC) los cines para protegerlos sumándose a una iniciativa ciudadana previa que demandaba a la administración andaluza declararlos Lugar de Interés Etnológico.

Quién tiene preferencia para comprar los cines de verano

Se llega a esta situación tras meses de versiones cruzadas sobre quién tiene derecho y quién puede comprar los cines de verano de Córdoba.

La oposición y la plataforma SOS Cines de Verano -que pide al Ayuntamiento comprar los cines- habían exigido nuevos informes jurídicos al Ayuntamiento que despejasen las dudas que, a su juicio, se cernían sobre estos espacios en el casco urbano y sobre qué administración debe adquirirlos.

Antonio Amil, dueño de los cines Olimpia, Fuenseca y Delicias, presentó un recurso de reposición en el Ayuntamiento al entender que la Junta de Andalucía "no tiene reconocido el derecho" de tanteo y retracto, porque los cines no figuran en el catálogo autonómico de bienes protegidos. Amil sostiene que el Consistorio es el único que podría comprarlos de manera preferente.

El gobierno municipal, por contra, defiende que es la Junta la que puede ejercer el derecho preferente al tanteo y retracto para la adquisición.

El Ayuntamiento rehusó en marzo a comprar los cines por 300.000 euros. Meses más tarde, la propiedad de los cines informó al Ayuntamiento del preacuerdo de compraventa alcanzado con la Asociación Cultural Espacio Artístico Protegido por 850.000 euros ofreciéndole por segunda vez la posibilidad de adquirirlos de manera preferente. El Ayuntamiento volvió a rechazar comprarlos por 850.000 euros. Como respuesta a la segunda negativa, la propiedad presentó un recurso de reposición, que es el que ahora se deniega basándonos en el informe jurídico en cuestión.

Qué dice el informe jurídico

El informe jurídico al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA está firmado por la jefa de la Unidad de Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba. La operación de compraventa afecta a los tres inmuebles catalogados del casco histórico, vinculados a la actividad de los cines de verano. El informe analiza si el Ayuntamiento puede ejercer su derecho de tanteo, es decir, adquirir los inmuebles en las mismas condiciones pactadas con el comprador.

Los tres inmuebles están incluidos en el Catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (Pepch), dentro de los edificios catalogados de la Axerquía.

La primera cuestión que resuelve Patrimonio es que no procede aplicar el derecho de tanteo derivado de la Lista, la legislación urbanística andaluza. Argumenta que no están situadas en ninguna zona delimitada por el Ayuntamiento para ejercer derechos de tanteo y retracto, ni en las áreas previstas para edificaciones irregulares.

Sin embargo, entra en juego otra normativa mucho más importante para esta operación: la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Su artículo 17 establece derechos de tanteo y retracto cuando se transmiten determinados bienes protegidos. El informe considera que estas tres fincas están afectadas por esa regulación debido a su pertenencia al Conjunto Histórico y a su inclusión en el catálogo urbanístico de protección.

La clave jurídica del informe

El informe determina que aunque el Ayuntamiento también puede tener derecho de tanteo, la Junta de Andalucía tiene preferencia sobre el Consistorio. Es decir, primero debe tener oportunidad de decidir la Consejería competente en Patrimonio Histórico y solo posteriormente puede pronunciarse el Ayuntamiento. La consecuencia práctica de este argumento jurídico es que el Ayuntamiento no estaría en condiciones de pronunciarse hasta que previamente lo haga la Junta, que tiene el derecho preferente.

Además, la ley exige que los propietarios comuniquen de forma fehaciente tanto a la Junta como al Ayuntamiento, con dos meses de antelación, su intención de vender, indicando además el precio y las condiciones de la operación. En el informe se dice que no consta en el expediente que los propietarios hayan realizado esa comunicación a la Junta de Andalucía. Por eso considera que existe un incumplimiento del procedimiento previsto en la Ley de Patrimonio Histórico.

El informe recuerda también que en una transmisión anterior de estos inmuebles, formalizada el 26 de marzo de 2026, el notario ya hizo constar expresamente las obligaciones derivadas del artículo 17 de la Ley de Patrimonio Histórico.