La familia de un trabajador fallecido en accidente laboral, perjudicada con 170.000 euros en la supuesta malversación de una letrada en Córdoba

La familia de un trabajador fallecido en accidente laboral se encuentra entre las dos acusaciones particulares conocidas hasta el momento del procedimiento que investiga a una letrada de la Administración de Justicia por una supuesta malversación en Córdoba. Fuentes judiciales detallan que la viuda, la madre y el hermano de esta víctima mortal han dejado de percibir alrededor de 170.000 euros.

Después de superar una causa penal anterior y lograr la consignación de ese importe por parte de la empresa, estos familiares no han podido recibir su indemnización debido, supuestamente, a las irregularidades cometidas en el propio juzgado. En la misma línea, otra acusación particular está afectada por unos 30.000 euros y las fuentes consultadas aluden a la existencia de más perjudicados.

En total, como ya se ha avanzado, la secretaria judicial investigada habría desviado una cuantía próxima a los 700.000 euros de las cuentas de consignación de dos juzgados (donde se ingresan cuantías con finalidades como el abono de fianzas, indemnizaciones o multas) a lo largo de una década.

Fue precisamente la reclamación reiterada de una de estas cantidades la que permitió destapar el presunto desvío de fondos a cuentas personales o de familiares. Las sospechas surgieron después de que, tras más de un año solicitando el dinero, la representación letrada de una de las partes reclamara acceder a los movimientos de la cuenta bancaria del juzgado.

Así, esta funcionaria, que contaba con una trayectoria extensa y reconocida en la Justicia, conocía el funcionamiento de las cuentas de consignaciones judiciales, de las que era responsable en los juzgados donde trabajó. Ese conocimiento, según explican estas fuentes, le habría permitido desenvolverse entre los distintos tiempos procesales mientras las personas que debían recibir las cantidades esperaban su dinero.

Fallece un investigado

Dado que, presuntamente, esta secretaria judicial pudo desviar dinero a cuentas de allegados, inicialmente la causa contó con dos personas investigadas, pero en la actualidad se ha centrado únicamente en esta letrada debido al fallecimiento de otro individuo. No obstante, los hijos (y herederos) han solicitado personarse en el procedimiento ante una posible derivación de la responsabilidad civil.

La investigada declaró ante el juzgado en 2025, cuando admitió los hechos, y también ha manifestado su arrepentimiento. A raíz de la denuncia, el Ministerio de Justicia abrió un expediente disciplinario, cuya tramitación permanece suspendida a la espera de que concluya la causa penal. En la actualidad, ha sufrido embargos, pero esta medida no ha sido suficiente para cubrir la cuantía supuestamente apropiada, por lo que podría llegar a plantearse una eventual responsabilidad civil subsidiaria del Estado si finalmente existe condena.

Por otra parte, el Código Penal contempla penas que pueden alcanzar los ocho años de cárcel en los supuestos más graves de malversación, además de importantes periodos de inhabilitación absoluta. De momento, el procedimiento judicial deberá continuar a partir del próximo otoño con la presentación de los correspondientes escritos de las partes, paso que permitirá concretar las acusaciones y la defensa, las penas solicitadas y las cantidades cuya devolución se reclama. Después de esto, llegará el señalamiento de la fecha del juicio.